El pasado mes de febrero el ministro de Educación de la República Dominicana (Minerd), Ángel Hernández, anunció la decisión de implementar el denominado proyecto “Libro Abierto” con miras a que en el próximo año escolar esa entidad pueda elaborar los libros de textos para estudiantes del sector público, diversas cuestionantes han surgido por parte de editoras privadas y expertos en Derecho.

Decisión que ha sido criticada por diversos sectores partiendo de que esto atentaría contra la libre competencia y que se produce en momentos en los que aún  se encuentran miles de libros en los almacenes del Minerd sin ser entregados desde hace varios años.

La elaboración de los libros a través de la editora nacional partiría de la intervención de una alianza con diversas universidades y técnicos del sistema dominicano, para lo que se creó la Unidad Editorial del Minerd, y de desde donde el ministro Hernández se comprometió que estos estarían listos para finales de agosto del presente año. Se espera que estos libros puedan también estar en línea para los casi dos  millones de estudiantes del sector público.

Contrario a países como Cuba, Nicaragua y Corea del Norte, quienes por el tipo de Estado socialista (dictatorial) se han inclinado por este esquema en que imprimen y elaboran sus propios libros de textos, la República Dominicana los producen las editoras privadas bajo la modalidad legal de contratación por parte del Minerd como alternativa de descentralizar la inversión y motorizar sectores económicos.

Otras naciones como Colombia, Brasil, México, Costa Rica, Chile, España y Guatemala registran determinados niveles de experiencia en el manejo de la gestión de los textos escolares que en ocasiones llegan a cambiar de idiomas dependiendo la región pero que no habrían sido las más fructíferas y consistentes.

Sin embargo, la decisión de República Dominicana utilizar su editora nacional para la impresión de los libros de textos surge luego de presuntos conflictos entre las editoras locales, situación que en su momento la Asociación de Editores y Distribuidores de Libros de Textos de la República Dominicana (Asedilird) señaló a un senador de estar detrás de la campaña contra ese sector.

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En ese sentido, las casas editoriales han exigido al ministro de educación Ángel Hernández dar las explicaciones de lugar sobre una decisión que a su entender “dejará pérdidas al Estado”.

Distinto a las afirmaciones del ministro en que el país se ahorraría alrededor de cuatro mil millones de pesos para ser destinados a otros aspectos del aprendizaje, los grupos editoriales han demostrado que esto provocará más bien una pérdida aproximada del presupuesto de Educación por RD$3, 800.

Otras de las denuncias que vuelven a salir a flote ante el tema es la presunta existencia de casi 4 millones de unidades de libros vigentes que no han sido distribuidos “tímidamente” y que el nivel secundario carece de textos desde 2019.

Las editoras señalan permanentemente al actual ministro de “no haber hecho un levantamiento científico sobre las licitaciones y la realidad del sistema educativo”.

En diversas ocasiones, las casas editoriales calificaron como un crimen de lesa humanidad, “no entregar los libros”, advirtiendo que eso provocaría que el país “quede mal parado” con las pruebas PISA.

Posición Defensor del Pueblo

En días pasados, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, llamó la atención sobre el conflicto del Ministerio de Educación (MINERD) con las casas editoriales privadas, a raíz de la iniciativa oficial denominada «Libro Abierto» y manifestó dudas en que para el mes de agosto sea posible contar con nuevos textos escolares.

Ulloa instó al Minerd generar un espacio de concertación con las casas editoras, ya que la escuela pública podría quedarse sin los libros que el ministerio ha pretendido realizar excluyendo a la industria privada.

«Si lo vemos desde el punto de vista práctico, en lo personal quizás porque he tenido tantos procesos de licitación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial antes del ser Defensor, yo no creo que sea posible tener los libros de texto a la prontitud de agosto», indicó Ulloa durante una entrevista en el programa matutino Sol de la Mañana.

También, advirtió que el fracaso de ese proceso puede implicar que el país tenga “un bajón” en la parte educativa y caminará hacia un sistema educativo excluyente.

“Nosotros, desde el punto de vista del Estado, no le estaremos dando las herramientas básicas a 2 millones 200 mil estudiantes para aprender”, externó el Defensor del Pueblo.

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¿Qué hacen otros sistemas educativos en el mundo?

Países modelos en la ejecución de planes educativos como Finlandia y Singapur, optan por permitir libertad para que los docentes hagan adecuaciones al currículo de estudios, diseñar el programa de contenido escolar, la adquisición de libros de texto son preparadas por editoriales, así como el reconocimiento de la importancia del desarrollo de los textos digitales.

Otras naciones como Corea del Sur permiten la producción de libros de texto a cargo de editoriales comerciales que compiten de acuerdo con las normas que establece el gobierno; en Puerto Rico, por ejemplo, los libros son preparados por editoriales privadas y adquiridos por el Gobierno para entregarlos a los estudiantes de manera gratuita.