El tema haitiano vuelve a quedarse sobre la mesa y, en los albores del 2023, la comunidad internacional sigue con oídos sordos ante las solicitudes que constantemente hace la República Dominicana para que, el caos sociopolítico que desarticula a Haití y repercute en RD, pueda detenerse y esa nación alcance estabilidad política y la seguridad perdida por el acoso de las bandas.

El último reclamo lo hizo el canciller Roberto Álvarez, el pasado miércoles 22 de diciembre, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde planteó que ese órgano tiene que ejecutar de inmediato la resolución 26-45 que establece la integración de una fuerza multinacional para apoyar a la Policía Nacional de Haití.

“Ese es el único camino viable en el corto plazo para redimir al pueblo haitiano de la horrenda situación actual, y así llevar la merecida tranquilidad a América”, refirió Álvarez en el encuentro realizado en la sede de la ONU, en Nueva York.

Las reiteraciones del canciller dominicano se suman a las del presidente Luis Abinader, quien, desde que asumió la presidencia de la República, ha mantenido vigente el reclamo de asistir a Haití para devolverle la paz y, sobre todo, enfrentar el control que ejercen las bandas en determinados territorios.

En su primera participación en la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2021, el mandatario expresó que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debidas con el pueblo haitiano, “pero también les reitero que no hay, ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití”.

En una sesión similar efectuada en septiembre de este año, Abinader afirmó que Haití no puede esperar más, y definió la situación por la que atraviesa esa nación como “una guerra civil de baja intensidad”.

RD principal afectado con crisis haitiana

En los últimos 30 años, Haití ha transitado por un campo minado de inestabilidades políticas que, le han impedido, establecer las bases para un desarrollo socioeconómico que saque a la mayoría de sus ciudadanos de los peores niveles de pobreza.

En ese trayecto se combinaron fragilidad democrática, corrupción e impunidad, y crisis económica, como una mezcla mortífera que alcanzó su punto más álgido con el asesinato del presidente Jovenel Moise, el 7 de julio del 2021.

Con una sociedad que ya tenía altos niveles de crispación por la impunidad, la indetenible inflación, y la inseguridad propiciada por las bandas, el magnicidio abrió un camino sin retorno: un primer ministro, Ariel Henry, considerado de facto, que no ha establecido mecanismos suficientes para una transición política participativa; una oleada migratoria hacia República Dominicana, otras islas caribeñas y los Estados Unidos, y un territorio sitiado por los vejámenes que cometen las bandas en contra de la población.

Las bandas, entre las que sobresale la denominada 400 Mawozo, fueron creadas por sectores políticos y económicos que paradójicamente buscaban seguridad o propiciar inestabilidad política en función de sus intereses. Esas estructuras delictivas asesinan, secuestran, violan mujeres niñas, y dominan territorios en las principales ciudades, sobre todo en la capital Puerto Príncipe.

Es precisamente por esa dura realidad que, las autoridades dominicanas, claman la intervención de la comunidad internacional para buscar una salida a esa crisis que impacta a RD con el incremento de los flujos migratorios.

Sin embargo, este primero de enero de este año el primer ministro Henry anunció la creación del Alto Consejo de Transición, para la realización de elecciones transparentes.

Deportaciones vs presiones para que las detengan

En la medida en que la crisis haitiana se mantiene en un callejón sin salida, atomizada y con un incremento de la violencia, los haitianos dejan su territorio en busca del sosiego perdido. La República Dominicana es el destino natural por excelencia, pero desde mediados de 2022 se incrementaron las repatriaciones de indocumentados haitianos pese a que, organismos internacionales, solicitaban al Gobierno detenerlas por razones humanitarias.

De hecho, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Turk, expresó en noviembre pasado que la violencia armada y las violaciones de derechos humanos en Haití, impiden el retorno seguro y digno de sus ciudadanos.

El presidente Abinader consideró la solicitud como una acción “irresponsable e inaceptable”, y afirmó que las deportaciones serían incrementadas.

Pero la presencia de haitianos en el país no se produce por la crisis coyuntural actual, sino por la dependencia de esa mano de obra en los sectores de la construcción, agricultura, y servicios domésticos en menor medida.

Segundo socio comercial

La encrucijada dominicana respecto al peso de la crisis haitiana no solamente se expresa en el contexto de la mano de obra haitiana, sino también en las relaciones comerciales, pues el empobrecido Haití es el segundo socio comercial del país, después de los Estados Unidos.

Haití tiene una fuerte dependencia de productos dominicanos en los sectores alimenticios, construcción, y textil.

Según las estadísticas del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), de enero a noviembre de 2022 las exportaciones hacia Haití alcanzaron los US$965, 372,443.23, un monto superior al registrado a igual período de 2021, que ascendió a US$868,488,707.91.

Los principales productos que se exportan son pastas alimenticias, harina de maíz, salsas de tomate, productos para la higiene personal, cemento, varillas, tejidos de algodón, vajillas y demás artículos de mesa, aceite de maíz y de soya, y harina de trigo.

La balanza comercial es desfavorable para Haití, pues en igual período República Dominicana importó productos por un valor de US$4.46 millones.

Sin embargo, grupos económicos de Haití tienen inversiones mixtas en el sector de los combustibles, en las gasolineras Total, Shell, Nativa, Sunix, Sigma, Ecopetroleo, Petronan, y Next.

Sigue incertidumbre

Edwin Paraison, director ejecutivo de la Fundación Zile, considera que Haití iniciará el nuevo año sin perspectivas definidas con el agravamiento de la crisis institucional que marcará la caducidad total del Parlamento, al concluir el mandato de los senadores que mantenían este último eslabón de contrapeso, aunque sin real influencia sobre el Gobierno.

El exdiplomático haitiano expresó que la mayoría de la población rechaza una intervención militar extranjera, por percibir en ella dos elementos negativos: apoyo al régimen PHTK que llegó al poder a través de elecciones fraudulentas en el 2011, y por la experiencia vivida en el pasado con la presencia militar internacional. Sin embargo expresó que no se rechaza un acompañamiento tecnológico, logístico y militar (con tropas) para reforzar a la Policía Nacional Haitiana (PNH).

Las propuestas

Paraison expresó que ojalá en el 2023 se tomen en cuenta las propuestas hechas por los haitianos, vinculadas con un nuevo liderazgo gubernamental, el desmantelamiento de las bandas armadas, un plan de gestión de la situación socioeconómico y sanitaria, junto a los preparativos para las elecciones generales en el 2024.

Unidad nacional

Leslie Voltaire, miembro del Acuerdo Montana, espera que en 2023 conservadores y progresistas honestos y patrióticos firmen un pacto de gobernanza que devuelva la normalidad a Haiti. Con ese pacto se podría crear, asegura, un gobierno de salvación pública integrado por miembros de la sociedad civil, con un presidente provisional y un nuevo primer ministro. Esas nuevas autoridades, afirmó, tendrán que pedir ayuda para restaurar la justicia y la Policía Nacional para luchar contra la impunidad. Voltaire considera necesaria una gran conferencia nacional que permita a los haitianos hablar entre sí sobre sus problemas.