La República Dominicana no cuenta entre su población con apátridas ni refugiados. Los extranjeros que cohabitan en nuestro lar nativo se clasifican en dos grandes grupos: documentados e indocumentados, legales e ilegales.
El apátrida es aquella persona que carece de nacionalidad, entre otras causas por no haberla tenido nunca, o haberla perdido por violación de las leyes de su país o por determinación legal.
El refugiado es aquel que abandona su propio país para buscar refugio en otro, a causa de guerra, revolución o persecución política, racial o religiosa. Su situación se halla regulada parcialmente por varios tratados internacionales, pero ahora la ONU pretende comprometer a todos los países miembros en un Pacto Global sobre los Refugiados.
La República Dominicana posee sólidos argumentos morales, jurídicos y económicos para abstenerse de firmar un compromiso que afecta, de entrada, la soberanía nacional.
El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, ha explicado la posición dominicana frente al aludido acuerdo. Asegura que la ONU pretende proporcionar las bases para una distribución de la carga y la responsabilidad entre los Estados miembros, “lo que podría ser contrario al interés nacional y al ordenamiento jurídico dominicano”, razón suficiente para que la RD se abstuviera de votar el pasado lunes en Nueva York.
El canciller destacó que el convenio propuesto podría afectar la capacidad dominicana para acoger personas susceptibles de ser declaradas como refugiados conforme al nuevo estatuto, entre ellos los de desastres naturales.
Es el segundo plan de la ONU rechazado por la RD, luego del migratorio. Un loable ejercicio de soberanía y defensa del interés nacional.