Las autoridades de la República Dominicana subrayaron hoy su voluntad «indeclinable» en la lucha contra el narcotráfico en el país caribeño, usado por narcotraficantes como puente para llevar droga, principalmente, desde Suramérica hacia Estados Unidos y Europa. EFE

El procurador general de la nación, Radhamés Jiménez, afirmó que la persecución del narcotráfico «no es exclusividad del Ministerio Publico, ni de la Dirección Nacional de Control de Drogas ni de las Fuerzas Armadas, si no del Estado».

Jiménez ofreció sus declaraciones junto a varios funcionarios en una rueda de prensa en la que anunció que solicitará el traslado del juicio que se le sigue en el país a los acusados de la muerte de siete colombianos el año pasado en la localidad de Paya (sur) en una supuesta disputa entre narcotraficantes.

El funcionario dijo que pedirá a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) trasladar el proceso judicial que se celebra en la provincia de San Cristóbal (sur) a la capital del país, después de que la mayoría de acusados del caso amenazara de muerte a los representantes del Ministerio Público en plena audiencia.

Jiménez dijo que esta situación es «grave» e «inaceptable» y no descartó tomar algún tipo de acción en contra de los acusados.

El asesor del Poder Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico, Marino Vinico Castillo, dijo en la rueda de prensa que la actitud de los acusados «tiene propósito siniestro de intimidación» y es «una forma de regar o pretender regar miedo» entre la población.

Además, señaló que «pone de relieve la insolencia y el poder que creen tener las estructuras que dirigen el narcotráfico en la República Dominicana».

«El narcotráfico quiso medir su potencia con el Estado dominicano, desafiando a su representantes, irrespetando a los jueces presentes y profanando una sala de Justicia», señaló.

El juicio que se les sigue a los acusados del caso ocurrido en Paya, según el jurista, puede poner a prueba el sistema judicial dominicano porque, según explicó, «es un pulso, una especie de duelo entre el crimen y el Estado».

De la «la matanza de Paya», como se conoce el hecho por el lugar donde ocurrió el cuatro de agosto de 2008 en la provincia Peravia (sur), solo escapó el nicaragüense Orín Gómez, a pesar de resultar herido con tres disparos.

Las autoridades de justicia dominicanas presentaron en abril pasado acusación contra 25 personas, entre ellas 11 militares, señaladas como responsables de la muerte de los 7 colombianos en Paya.

Sin embargo, el principal acusado del asesinato múltiple es el empresario dominicano José Luis Montás, a quien se identifica como el responsable de organizar la ejecución.

Las autoridades aseguran que la matanza tuvo su origen en una disputa por un supuesto cargamento de cocaína introducido al país desde Suramérica, pero que nunca fue encontrado.

Entre el grupo de militares involucrados se encuentran mayoritariamente ex miembros de la Marina de Guerra dominicana. EFE