La Corte Interamericana de los Derechos Humanos convocó a la República Dominicana para el  23 de febrero en curso, a fin de que explique las acciones que ha tomado en el caso de la desaparición de Juan Almonte Herrera, ocurrida el 28 de septiembre de  2009.

La decisión evacuada por el tribunal internacional expresa en sus motivaciones  que el país no ha dado cumplimiento a las medidas provisionales que le fueron impuestas al país tendentes a dar con el paradero de Almonte y ofrecer seguridad a los familiares.

Se recuerda que Almonte  desapareció en el proceso del secuestro de Eduardo Baldera Gómez. Testigos vieron cuando la Policía se lo llevó. Empero, la institución primero confirmó su arresto y luego dijo que estaba prófugo y que era buscado por una llamada asociada al secuestro.

Los jueces encabezados por el magistrado Diego García-Sayan basaron su decisión en un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que refirió que “…la respuesta del Estado no responde a la gravedad y urgencia de la situación dado que no brindó información específica sobre las acciones que estaría emprendiendo para localizar a Juan Almonte Herrera, ni las investigaciones destinadas a esclarecer las circunstancias en que habría desaparecido e identificar y sancionar a los responsables de su desaparición habiendo indicios concretos de la presunta participación de agentes estatales en los hechos…”. 

La audiencia será celebrada en Costa Rica.

Las claves

Investigaciones

Las indagatorias del caso fueron puestas a cargo del procurador adjunto Bolívar Sánchez,  quien según afirman los familiares  no ha hecho nada.

Seguridad no policial

La Corte puso en manos del Estado la seguridad de los familiares  de Almonte bajo la observación de que no estuviera a cargo de la Policía Nacional pero ésto no se ha cumplido.