Los gobiernos dominicanos no han cumplido con la asignación del 4 por ciento del PIB al sector educativo porque prefieren el despilfarro a priorizar el gasto, consideró el economista Nelson Suárez, miembro de la Coalición por una Educación Digna.

Para sustentar su planteamiento, ofreció estos datos: desde la aprobación de la Ley General de Educación, hace 14 años, los diferentes gobiernos han recibido ingresos ascendentes a RD$2.3 billones, de los que sólo han destinado RD$205,000 millones al Ministerio de Educación, que representan un 9.5 por ciento de esos recursos.

En ese mismo período, precisó, el país ha pagado, por concepto del servicio de la deuda externa,  RD$434,000 millones,  en subsidio al sector eléctrico RD$190,500 millones, y se han destinado a gastos militares cerca de RD$90,000 millones.

“Estamos hablando de RD$714,500 millones, tres veces el presupuesto que se le ha otorgado a Educación desde 1997 hasta 2010”, expresó Suárez durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Suárez dijo que eso significa que sí ha habido recursos para el 4% a la educación, lo que no ha habido es prioridad, no sólo en este Gobierno, sino en todos los que hemos tenido en los últimos 15 años, para los cuales la educación no ha sido importante.

Las contradicciones. El experto explicó que,  para el presupuesto de 2012, el Gobierno destinó RD$40,000 millones al Ministerio de Obras Públicas, RD$13,000 millones adicionales con respecto al 2011.

Al explicar las razones de ese incremento dijo que la prioridad de las autoridades es la construcción de la segunda línea del Metro de Santo Domingo “sin que eso signifique que el Metro es una obra necesaria, ahora, realmente es esa la prioridad de la República Dominicana”.

Deuda con educación.  Suárez entiende que la falta de inversión en el sector educativo, por no haberse cumplido con la Ley de Educación, ha acumulado una deuda en términos presupuestarios de alrededor de RD$269,000 millones hasta el año 2010.

A su juicio, si el país continúa en ese derrotero, de negarle al sistema educativo los fondos que éste requiere, se necesitarían 27 años para saldar esa deuda.

Al preguntarse qué va a pasar con la sociedad dominicana  si se sigue ese ritmo, planteó que, en gran medida, se agravarán los problemas sociales que afectan a la República Dominicana.

“Por eso, nadie puede justificar que hay un problema de escasez de recursos, lo que hay es un problema en la distribución de estos, de la escogencia de las prioridades.

“Yo puedo hacer un corredor, sin negar que tiene su importancia, ahora el Estado dominicano sí tiene capacidad de hacer ese gasto en año y medio, pero no puede darle a educación lo que la ley ordena. ¿Por qué debemos seguir gastando US$500 por estudiante al año, cuando los países similares al nuestro invierten US$2,000?, es un problema de hacia dónde destinamos los recursos”.

Suárez asistió al encuentro en compañía de María Teresa Cabrera, Jenny Torres, el sacerdote Mario Serrano, y Mariana Barrenese, de la Coalición  Educación Digna.

Redefinir  las exenciones fiscales para destinar más recursos a la educación

Mariana Barrenase, una economista que forma parte de la Coalición por una Educación Digna, consideró que el Gobierno podría aumentar las recaudaciones, partiendo del argumento de que no cuenta con ingresos suficientes para destinarlos al sector educativo.

Ese sentido, planteó que deberían revisarse las exenciones fiscales que benefician a algunos sectores empresariales, y por las cuales el Estado deja de percibir alrededor de RD$108,000 millones cada año.

 Si también se modificaran los impuestos a la vivienda suntuaria, aumentándolos, el Gobierno podría percibir entre RD$10,000 millones y RD$12,000 millones.

“No se trata de hacer una nueva reforma fiscal, sino de eliminar las exenciones para destinar esos fondos al sector educativo, y estamos hablando de un grupo muy reducido de gente, y se podría tomar hoy mismo esa decisión.

Barrenese expresó, sobre la calidad del gasto, que el informe de Competitividad Global dice que  República Dominicana es el país que más despilfarra su gasto público, por lo que  “hay una distorsión entre lo prioritario y lo que se invierte”.

El economista Nelson Suárez dijo que en la asignación del presupuesto de gastos públicos se registra un enorme desorden, porque se destinan millonarias cantidades a una serie de entidades descentralizadas que “se tragan RD$50,000 millones todos los años, en un contexto en el que los niveles de control y de fiscalización prácticamente son mínimos, y eso es lamentable”.