En República Dominicana existen 400 empresas de seguridad privada y ninguna está regulada, porque no existe una ley para estos fines, afirmó ayer el presidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Cámara de Diputados, Elías Serulle.
Afirma que las empresas de seguridad solo se obligan a lo establecido en la Ley de Comercio.
Además, indica que se ha aprobado la Ley de Armas, pero no se ha logrado implementarla, debido a que no cuenta con los reglamentos para su aplicación.

Ayer, se reunieron los miembros de la subcomisión de Seguridad Privada en la Cámara de Diputados y fueron apoderados del proyecto de Ley de Seguridad Privada aprobado por el Senado, por lo que los diputados tienen en su poder dos iniciativas, las que de acuerdo Serulle, van a estudiar para fusionarla en un solo proyecto de Seguridad Privada con el que venían analizando desde la legislatura pasada.

Dijo que el próximo lunes se reune la Comisión de Seguridad Privada, la cual verá el proyecto que llegó del Senado en paralelo con la anterior iniciativa.

Principal preocupación de dueños de estas compañías son altos de impuestos. Serulle declaró que las compañías de seguridad privadas son afectadas por la Ley de Seguridad Social, que les agregó el 21% del costo del personal y se les sumó el Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), lo que a su juicio, le quita un margen de crecimiento a las empresas.
Precisó que tratan de buscarle una salida al tema de los impuestos al Estado por la contratación de trabajadores de la vigilancia.
Sostuvo que estas empresas fueron afectadas porque se hizo una prohibición por decreto de las armas, cuando son la principal herramienta de vigilante privado.
“Lo que quiere el Congreso es sacar una ley que permita fluir con transparencia el servicio privado de vigilancia, pero también, que garantice el derecho de los empleados y de los clientes (usuarios del servicio)”.
Serulle expresó que cada vez que una persona o empresa contrata el servicio de un vigilante privado, se le transfiere el ITBIS del seguridad, más el 21% de la seguridad social de ese vigilante. Los impuestos se cargan desde hace alrededor de siete años.
Declaró que en lugar de estas compañías pagar tantos impuestos, podrían tener un mayor margen de crecimiento para el salario del guardián.
El legislador estima que un guardián privado devenga en la actualidad cerca de RD$15,000, más las horas, que estima en RD$5,000.
Deplora que las edificaciones no tengan un régimen de construcción reguladas por los ayuntamientos para que reserven el espacio donde se ubica el vigilante privado.