La República Dominicana puede enorgullecerse de ser el país que con mayor entusiasmo y determinación ha auxiliado a Haití, luego del devastador terremoto que consolidó al vecino Estado como la nación más pobre del mundo.  

Esa solidaridad integral, desplegada con el  propósito de normalizar la situación de Haití en aras de su reconstrucción,  ha sentado un  precedente humanitario capaz de redefinir la dominicanidad en relación al  Estado vecino.

A la cabeza de ese gigantesco esfuerzo, superior a nuestras dificultades intrínsecas, se situó el Presidente Leonel Fernández, quien respaldado por todo el espectro nacional, está tejiendo una obra humanitaria que ha mejorado notablemente la imagen internacional de los dominicanos.   

Un año después del terremoto,  la  prometida asistencia económica  de los gobiernos “amigos de Haití”, la ONU y la OEA, ha sido insuficiente, primero debido a la falta de credibilidad en la actual dirigencia política haitiana y, luego,  a un proceso electoral viciado e inconcluso, que ha escindido aún más al malogrado Estado vecino.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza,  reconoció la situación y  reveló que el problema reside en que la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH) tiene que ser dotada, no solamente de poderes, sino también de los recursos”.

Se trata,  pues, de una crisis de confianza sustentada en la falta de gobernabilidad, que, en cuanto a Haití concierne, viene desde lejos, pero que ha empeorado durante el período post dictadura duvalierista.  Desde su independencia para acá,  Haití sólo ha sido capaz de ofrecer tragedias políticas y sociales, al tiempo que sobrevive precariamente a las periódicas y  furiosas embestidas de la naturaleza.

La determinación con la cual la República Dominicana ha ayudado al gobierno y pueblo haitianos, debe ser razón sobrada para reclamar a organismos internacionales el respeto y la consideración que merecemos,   pues resulta inconcebible que Amnistía Internacional continúe el pernicioso jueguito de fustigar al gobierno cuando éste ejerce su soberano derecho de expulsar ciudadanos ilegales del territorio dominicano para combatir la epidemia del cólera que llegó desde Haití.

Si dependiera de Amnistía Internacional, la República Dominicana tendría que anular la frontera y acoger a toda la población haitiana en detrimento del principio de la soberanía territorial. 

Dos lecciones deben extraerse del drama haitiano. Uno, su vinculación es tan estrecha al quehacer nacional, que los casi dos millones de haitianos que habitan en nuestro territorio, ocupan un lugar cimero en la agenda nacional, una situación que puede poner en peligro la integración misma de la República Dominicana.

Y, dos, el fracaso electoral reciente parece confirmar el criterio de que, parafraseando a Eduardo Galeano, “los haitianos han nacido para hacer bien el mal y para hacer mal el bien”, porque incumplen el requisito sine qua non para reconstruir su país: elegir un gobierno capaz de auto gestionarse y de ganarse la confianza de la comunidad internacional.