POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Aunque aquí acaba de fracasar un intento de reglamentar las campañas electorales, bajo el alegato de la libertad de expresión, en casi todas las naciones latinoamericanas existen regulaciones sobre la difusión de propaganda política, especialmente en radio y televisión.

Las leyes y reglamentos electorales han tenido como objetivo reducir los elevados costos de las campañas electorales, promover la transparencia del financiamiento y garantizar la equidad en la competencia por el poder, evitando la imposición del dinero sobre la conciencia ciudadana.

La concentración de los medios de comunicación que ha constituido enormes poderes de manipulación y la necesidad de evitar que la democracia electoral se convierta en un simple mercado, sin proyección de ideas ni programas, ha determinado las regulaciones siguiendo el «modelo europeo».

Otro atraso dominicano

 Los tratados y estudios sobre la legislación electoral indican que la República Dominicana y Honduras son los únicos dos países de 17 latinoamericanos que no han establecido ningún tipo de regulación a la propaganda electoral en los medios masivos de comunicación, lo que se intentó en el recién fracasado proyecto de reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE).

 Aquí partidos y medios de comunicación se opusieron firmemente a la reglamentación de la campaña aduciendo el derecho constitucional a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Sin embargo, tal prerrogativa está instituida también en la totalidad de las constituciones de las naciones latinoamericanas, que como República Dominicana son suscriptoras de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 instituye la libertad de pensamiento y de expresión.

 Las regulaciones han seguido lo que Jaime Cárdenas, extitular del Instituto Federal Electoral de México, ha llamado el modelo europeo, basado en las legislaciones de España, Francia, Alemania y otras naciones nada sospechosas de violaciones a la libertad de expresión, en un compendio sobre «El Financiamiento de la Política en México», editado por la Fundación Fiedrich Ebert.

 En la misma publicación los expertos Steven Griner y César Arias, en su estudio «Medios de comunicación y Partidos Políticos en América Latina», recogen las regulaciones sobre propaganda electoral en la región, en su mayoría referentes a la radio y la televisión, aunque también hay sobre medios impresos.

 Estos autores documentan que «15 de los 17 países de América Latina han implementado algún tipo de regulación sobre los medios de comunicación con el fin de reducir los gastos, tener una mayor transparencia en el proceso electoral y promover una mayor equidad en el mercado político».

 Señalan a República Dominicana y Honduras como los dos donde no existen   regulaciones a la compra o transmisión de publicidad política, aunque indican que la legislación dominicana  garantiza el acceso gratuito a la televisión estatal, «pero no tiene una aplicación práctica relevante».

 En el «Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina» del Fondo de Cultura Económica, puesto en circulación aquí en marzo pasado, diversos tratadistas abordan en los capítulos 28 al 32 las numerosas regulaciones en la región sobre propaganda electoral, financiamiento de los   partidos, acceso de los mismos a los medios de comunicación, fiscalización del gasto, y encuestas y sondeos.

Los fundamentos

 Llama la atención que ni en los países de restricciones radicales a la propaganda electoral, como Chile y Brasil, se aduce que se esté violando la libertad de expresión. De lo que se trata es de reducir la extensión y el costo de las campañas electorales para que el poder económico no apabulle el ejercicio democrático y la competencia electoral no se convierta en un simple mercado.

 En vez de reducir la libertad de expresión y difusión del pensamiento se busca incentivarla, mediante la discusión por todos los medios de ideas y propuestas de gobierno, evitando la máxima de que «un político sin rating es un pobre político», como señala el analista mexicano Jenaro Villamil, en su estudio «Poder-Dinero-Medios y Elecciones en México», incluido en el citado compendio de la Fundación Ebert.

 Este aborda el monopolio de difusión en que se han constituido dos empresas mexicanas, Televisa y TV Azteca, que controlan el 85 por ciento de la televisión abierta   y cuyo poder de manipulación contribuyó a la crisis electoral del 2006. Aún el Partido que se benefició, Acción Nacional, pactó en septiembre pasado con los otros dos grandes una nueva reforma electoral para aumentar las restricciones a la propaganda electoral.

Según Villamil la campaña electoral en México es hasta 15 y 20 veces más costosa que en Japón, Francia y España. Cita a Porfirio Muñoz Ledo, quien tiene el privilegio de haber presidido dos de los tres partidos mayoritarios de ese país, el PRI y luego el PRD, diciendo que «el retroceso más peligroso para la transición democrática mexicana es haber cambiado de la dictadura de partido hegemónico a la dictadura de la pantalla hegemónica». También recuerda una sentencia del reputado intelectual mexicano Carlos Monsiváis: «Si encarecemos el voto abaratamos la República».

La preocupación no es sólo por el poder de los monopolios de medios de comunicación, sino también por la imposición de los grandes consorcios económicos, del dinero sustraído al Estado y del proveniente del narcotráfico y otras actividades ilegales.

El caso dominicano

En la República Dominicana ya ha habido intentos de concentrar inmensos imperios mediáticos, como fue el caso del Banco Intercontinental, que llegó a poseer 4 diarios, 8 canales de televisión, 76 radiodifusoras y gran parte del sistema de telecable.

Aún así en el país no hay monopolios como los de México o Brasil, ni mucho menos como el imperio mediático de Berlusconi en Italia, que le permitió acceder dos veces al poder. Pero aquí ni la JCE ni nadie se ha planeado regulaciones tan restrictivas como en varios países latinoamericanos.

El frustrado proyecto para reglamentar las campañas electorales sólo pretendía limitar la propaganda y actividades electorales a los 90 días que indica la ley para limitar el desmesurado costo de la democracia dominicana y garantizar un mínimo de igualdad de acceso de partidos y candidatos a los medios de comunicación.

Lo del límite a la libertad de expresión pareció un pretexto o un celo exagerado por la misma. De hecho aquí hay limitaciones municipales a la propaganda y regulaciones al uso de las frecuencias de radio y televisión. También se prohíbe la propaganda desde el día antes de cada elección y la difusión de resultados no oficiales y encuestas en la jornada de votación.

Como algunos adujeron que esas regulaciones correspondían a una ley, se podría esperar que la JCE elabore un proyecto más completo, tan pronto pasen las elecciones y lo envíe al Congreso, incluyendo las normas para la transparencia y rendición de cuentas de los partidos contenidas en otro proyecto que ni siquiera se llegó a discutir. Aunque la mayoría del liderazgo político no lo haya entendido, sería un buen servicio al fortalecimiento de la democracia y a la preservación de los mismos partidos.

Diversidad de grado

    El citado trabajo de Griner y Arias recoge una gran diversidad de grado de regulaciones a la propaganda electoral en 15 naciones latinoamericanas, siendo las más radicales las de Brasil y Chile, donde se prohíbe en los canales abiertos de televisión. En el primero se incluye también la radio.

 Para las elecciones presidenciales y de diputados, en Brasil sólo se permite en radio y televisión 25 minutos de propaganda política gratuita, tres días semanales en dos tandas, la tercera parte en igual proporción para todos los partidos y dos tercios atendiendo a su representación legislativa. En Chile se destinan 30 minutos diarios, distribuidos en igual proporción para todas las candidaturas presidenciales, y de acuerdo al resultado de la elección anterior en las candidaturas al Congreso.      

 Bolivia, Colombia, México, Paraguay y Perú tienen sistemas mixtos de franjas y límites para los medios electrónicos públicos y privados. En el primero se restringe a 10 minutos diarios por partido político en canales nacionales y cinco en los locales. Para los colombianos son 2 minutos diarios en televisión y 4 en radio. Los partidos argentinos tienen 180 segundos diarios en televisión y 120 segundos en radio.

En Paraguay y Perú sólo se autoriza 5 minutos diarios por partido, durante 10 y 30 días respectivamente. Los partidos uruguayos tienen 5 minutos diarios al inicio de la campaña y 15 al final. En segunda vuelta 15 minutos diarios en televisión y radio. En Costa Rica los partidos pueden comprar hasta 10 minutos de televisión y radio por día, en Nicaragua 3 y en Venezuela 2.  En Guatemala las autoridades electorales y los partidos establecen el límite que no puede ser menor a 30 minutos semanales.

En cinco países latinoamericanos –Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Venezuela- las limitaciones a la propaganda electoral se extienden incluso a los periódicos, variando entre media página, una y dos páginas por día.

 En la mayoría de los países latinoamericanos las regulaciones abarcan también el financiamiento, sobre todo desde que se generalizó el estatal, conllevando fiscalización y transparencia, especialmente en los limitados aportes individuales, y en muchos países prohibidos a las empresas. En Estados Unidos también hay límites al financiamiento privado de los partidos y candidatos. Ningún precandidato presidencial puede recibir más de 2,300 dólares por persona.