Los reverendísimos obispos católicos han expuesto el deplorable inventario de un país enfermo, herido de injusticias y limitado de los beneficios del progreso y del reparto equitativo de los rendimientos de su crecida economía. Y lo que ha debido venir después del contundente mensaje es la autocrítica. La admisión del fracaso de los liderazgos y de autoridades de una partidocracia que han tenido en sus manos por decenios el manejo de recursos y potestades propios del ejercicio de la política y del poder para cambiar la suerte de este país y no lo han hecho. Como no lo han hecho tampoco los entes que desde lo privado se han nutrido en demasía de privilegios y ventajas derivados del estado de cosas.
Como en otras ocasiones, los políticos y voceros de ciertos agrupamientos han dado, como formalidad y como si no se avergonzaran, categoría de verdades a las severas críticas… pero sin pasar de ahí. El Gobierno, en particular, que a veces habla como si no se diera cuenta de que ejerce desde la cima de una sociedad destrozada por males que pocos se han atrevido a enfrentar en el tiempo, no se toma la molestia como debería de responder con una especie de contracarta Pastoral para llevar esperanza diciéndole a la nación, con la amplitud que merece el pronunciamiento, que las autoridades comparten la alarma expresada, que se duelen de haber fallado y que de ahora en adelante harán lo necesario para desagraviarla.
Por más recursos para los cabildos
El derecho de los ayuntamientos a crear o elevar tasas y arbitrios para obtener más recursos y devolverlos en servicios no puede estar en discusión. Sí se objetaría que incurrieran en excesos que asfixien a contribuyentes. La racionalidad y procedencia de cada caso no serían difíciles de establecer. Como no sería difícil tampoco establecer si quienes se quejan de impuestos municipales son, a su vez, fieles tributadores del Fisco Mayor. Ese (El Estado) al que es usual que se defraude en este medio. Ese que además defrauda a los cabildos sustrayéndoles miles de millones de pesos que debe entregar a la causa edilicia.
Ni los munícipes ni el Gobierno deberían quedarse con los recursos que justamente correspondan a unas autoridades a las que con énfasis exigimos recoger basura, arreglar calles, rescatar parques. Los cabildos no deben cejar en su aspiración. Los otros sectores de este diferendo deben escucharles.