Especialistas y la sociedad civil se pronunciaron sobre la empresa contratada por Donald Guerrero que supuestamente trata de desacreditar en Estados Unidos la investigación que lleva el Ministerio Público en la operación Calamar, con la que se busca continuar la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana.

Guerrero, exministro de Hacienda, demuestra que con esa acción se siente acorralado, según las consideraciones de miembros del movimiento cívico no partidida, Participación Ciudadana (PC).

Para Leidy Blanco, excoordinadora de la citada entididad, la situación demuestra que los señalados en casos de corrupción contra el erario, deja ver que son un peligro en contra de las pesquisas del órgano acusador.

De su lado, el Colegio de Abogados, entiende que la acción atenta contra la soberanía nacional.

El estatus del caso

Ante la negativa del Ministerio Público a darle acceso a la carpeta fiscal de la investigación en su contra en el caso Calamar, la defensa técnica del exministro de Hacienda Donald Guerrero sometió una Resolución de Peticiones por ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a los fines de que ordene a la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), entregar o notificarle todos los elementos de pruebas que dice tener en contra del imputado.

Consideró como una “arbitrariedad” y un “abuso procesal” en detrimento de los derechos de su cliente, que a casi un mes de hacerle la solicitud al titular de la Pepca Wilson Camacho, este no haya obtemperado a su solicitud.

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Indicaron que habiendo transcurrido más de tres meses del arresto e imposición de medida de coerción a Guerrero, “de cara a la variación de la medida y a la preparación de esta defensa técnica a ese fin; en el ejercicio de su derecho de defensa y la prerrogativa de intervenir en el proceso” requieren que les sea entregada la siguiente documentación:

“Copia de los informes, listados certificaciones y cualquier otra información entregada, en cualquier tipo de soporte material, por las personas que hasta este momento han sido entrevistadas en calidad de testigos o que han sido interrogadas en calidad de investigados y/o imputados” en el marco de la investigación seguida a Guerrero, y cuya copia no haya sido anexada al escrito de solicitud de medida de coerción depositada el 20 de marzo del 2023.

Mientras que el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, consideró que dicha contratación representa una amenaza a la soberanía nacional y al sistema de justicia.

Entre los documentos de la publicitaria, Noticias SIN, tuvo acceso a una comunicación suscrita por el ex congresista de los Estados Unidos, Connie Mack, dirigida al encargado de la embajada americana en Santo Domingo, Isiah Parnell.

En la que acusa al gobierno del Presidente Luis Abinader de haber utilizado el poder judicial para castigar a opositores políticos y recompensar a los aliados.

Sin embargo, en un comunicado la defensa técnica del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, admitió que él y su familia contrataron a la firma DCI Group, en calidad de consultoría.

Negando que los servicios contratados incluyan desacreditar a las autoridades dominicanas.

Los abogados del exfuncionario explicaron, además que la contratación se hizo porque Guerrero es un residente norteamericano con una “larga trayectoria empresarial” en territorio estadounidense.