Una reforma constitucional que estarían gestando grupos locales y organismos internacionales y que pretendería extender hasta el 2010 el ejercicio presidencial, congresional y municipal para consolidar reformas económicas, fue severamente rechazada ayer por representantes de diversos sectores de la sociedad.

Julio César Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), dijo que una propuesta de esa naturaleza sería ilegal e ilegítima y un atropello al pueblo dominicano.

Javier Cabreja, director ejecutivo de Participación Ciudadana (PC), advirtió que cualquier pacto nacional para el desarrollo económico tiene que fundamentarse en la preservación de la estabilidad política y el fortalecimiento de la democracia, y no en vulnerar los avances que se han conseguido.

El sociólogo César Pérez llamó a los ciudadanos a rechazar ese plan, en el entendido de que la clase política no puede efectuar modificaciones de ese tipo sin consultar a la población.

Asimismo, el politólogo Rafael Toribio advirtió que lo  peligroso de esa idea es que pudiera tomar cuerpo porque beneficiaría al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que mantendría el poder local que tiene, y obviamente al presidente Leonel Fernández que gobernaría por seis años. En el Congreso la iniciativa provocó sorpresa, escepticismo y rechazo entre senadores y diputados.

Contra la idea, cuya existencia fue revelada por el periodista Juan Bolívar Díaz en un trabajo publicado el sábado en este diario, se pronunciaron los senadores perredeístas Vicente Castillo, de Peravia; Pedro Alegría, de San José de Ocoa, y Jesús Vásquez Martínez, de María Trinidad Sánchez.

Asimismo, los diputados de Santiago, Julio César Valentín, oficialista, y Marino Collante, reformista.

La pretedida reforma sería iniciativa de grupos políticos y empresariales locales, así como organismos internacionales, y tendría por propósito concluir las reformas económicas iniciadas.