Los defensores de la reforma constitucional han reaccionado de manera desmesurada ante el rechazo expresado por  sectores de la sociedad a cláusulas que coartarían derechos individuales y colectivos. En realidad, sorprende que el  rechazo de artículos de una Constitución que se presume democrática sea  catalogado  de chantaje,  de interés por descalificar el trabajo hecho por  la Asamblea Revisora.

Un hecho que cuestiona el mérito de esas reacciones sobredimensionadas es que prominentes figuras de la propia Asamblea Revisora son críticos de los resultados de su trabajo. Algunos han entendido que la labor legislativa ha sufrido una especie de secuestro y que, en alguna medida, se ha legislado en perjuicio del interés común para privilegiar el interés particular. ¿Se puede interpretar esta queja como chantaje o deseo insano de descalificar? Evidentemente que no.

La justeza del  rechazo de algunas cláusulas se afinca en la  ambivalencia de las mismas. Por ejemplo, la libertad de acceso a las playas está condicionado al respeto de  derechos de propiedad privada, pero, por derecho natural, las playas no son propiedad privada, sino común. Consignar esto así en la Constitución siempre  merecerá  el rechazo de una sociedad que aspira a apuntalar sus libertades, no a debilitarlas.

Titulación de propiedades

La Dirección General de Bienes Nacionales haría  una gran labor si, como plantea su administrador, Elías Wessin Chávez, logra poner al día la titulación de miles de propiedades. El atraso burocrático en este aspecto afecta a más de diez mil adquirientes de viviendas construidas por el Estado que por trabas burocráticas aún no tienen sus títulos de propiedad. Pero también afecta al Estado, que ha declarado de utilidad pública y ha pagado decenas de propiedades, pero no las tiene a su nombre.

Las metas de Bienes Nacionales fueron expuestas este miércoles por ejecutivos de dicho organismo que asistieron como invitados al Almuerzo del Grupo de Comunicación Corripio. Se han procesado más de siete mil expedientes de adquirientes de viviendas pendientes de obtener su título y se depuran propiedades declaradas de utilidad pública en Samaná y Santiago y que, a pesar de haber sido pagadas, siguen a nombre de sus antiguos dueños.