Reafirmación

Reafirmación

Los resultados de la encuesta Gallup-HOY en cuanto a la presencia haitiana             en el país revelan que entre los consultados predomina la inclinación porque los ciudadanos haitianos sean repatriados.

Según el sondeo, un 36.2% está de acuerdo con que sean extrañados los haitianos ingresados ilegalmente a territorio nacional y otro 33.8%, con una posición más radical, se inclina porque la deportación incluya a todos los haitianos, sean residentes legales o ilegales y estén trabajando o desempleados.

En términos prácticos, es un 70% de la muestra la que considera indeseable la presencia de haitianos en territorio dominicano.

Está claro que sería indeseable plegarse a la inclinación de quienes favorecen la repatriación de todos los haitianos, pero el muestreo no deja dudas en cuanto a la necesidad de definir pautas migratorias más exigentes, precisas y claras que las actuales y, desde luego, que sean aplicables por igual a todos los inmigrantes.

El Estado, sin cerrar las puertas a la mano de obra extranjera y particularmente haitiana, tiene que establecer reglas de contratación que impidan el tráfico ilegal de braceros y que fijen penas contundentes para quienes se dediquen a esta práctica. La complicidad eventual de autoridades también debe ser objeto de sanciones severas, agravadas por la investidura de quien incurra en la falta.

La falta de rigor en materia migratoria ha hecho crecer un mercado de tráfico ilegal de braceros, haitianos en su mayoría, en perjuicio de normas internacionales sobre contratación y tratamiento. Por esa causa el país ha sido reiteradamente denunciado como fomentando el abuso contra estos braceros, aunque se sabe que esa no es la política del Estado.

Creemos que los resultados de este sondeo reafirman la necesidad de que se asuma con seriedad y sin pausas la tarea de regular la inmigración por medio de reglas claras que no dejen lugar a interpretaciones interesadas.

Grado a grado

La concesión de obras públicas de grado a grado es, en estos tiempos, una negación de la prédica por la transparencia en las ejecuciones del Estado.

Lo menos que se deduce de una concesión de este tipo es que se privilegia a alguien o que se pagan compromisos políticos con cargo al erario.

Hasta donde sabemos, nadie ha podido defender de manera convincente las bondades del grado a grado, ni siquiera en casos, que los ha habido, en que los beneficiarios de la concesión han respondido con toda honestidad a sus compromisos.

Es un contrasentido que persista el grado a grado en estos tiempos, cuando el empeño mayor es eliminar de la administración pública todo lo que pueda inducir o propiciar actos de corrupción.

El Poder Ejecutivo y el Congreso deberían apresurar el fin de estos procedimientos cuestionables.

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