La clase media, a la que le ha tocado la peor parte de la crisis económica, es nuevamente blanco de más perjuicios. Cuando cierre el presente mes, ese segmento de la población deberá pagar alzas de entre un 4% y un 8% en la tarifa de energía eléctrica, según consta en una resolución emitida por la Superintendencia de Electricidad. El aumento que tiene como blanco a este segmento que no ha recibido ninguna compensación por inflación, tiene por objetivo indexar al mercado energético por la pérdida de valor de la moneda.

Sería mezquino regatear por reajustes tarifarios en situaciones como la actual, pero también es mezquino que haya presteza para alzar tarifas y no la haya para hacer reajustes muy necesarios en el mercado energético.

Hay una distorsión muy severa en el precio que se paga por cada kilovatio hora generado en la República Dominicana. A los auténticos costos de generación se suman otros costos que nada tienen que ver con el proceso, sino que están estipulados como garantías por inversión y otros conceptos similares.

La otra distorsión se da en la relación entre distribuidores y usuarios, pues a éstos se les cobra en base a un patrón de consumo, cuando debería ser en base a la lectura del contador. Hemos dicho, también, que nadie descuenta de las facturas las horas de apagones. Esto parece obedecer al hecho de que estas empresas no cuentan con el personal necesario para leer todos los contadores de sus abonados en el segmento de consumo medio.

Se trata de distorsiones reales para las cuales no se ha diseñado el remedio.

[b]II[/b]

Entendemos que debe haber una revisión a fondo de las condiciones en que opera el mercado energético, para que sus tarifas y costos se aproximen más a lo justo. No puede ser que este país siga pagando la energía más cara que pueda pagar cualquier nación no productora de petróleo.

No se pretende que haya energía gratis o a precios por debajo de lo razonable. Aspiramos, eso sí, a que haya una relación más justa entre quienes explotan el mercado eléctrico y los usuarios de sus servicios.

El país no puede continuar asumiendo los costos de la ineficiencia del sector eléctrico, que ha venido a resultar obsoleto, caro y malo. Para colmo, la política oficial no ha ido en la dirección que aconseja la sensatez, y en vez de buscar la optimización se ha incurrido en yerros como la re-estatización de Edenorte y Edesur, a través de una decisión con trasfondo político.

Las alzas periódicas en la tarifa energética, que serán aplicadas hasta completar un 40%, pueden servir para garantizar la subsistencia del sector eléctrico, pero son los usuarios los que están financiando lo que debería ser cubierto por la eficiencia.

Con la capacidad instalada que tenemos, no se justifica que se produzcan apagones, pero se producen y eso demuestra que el sector no opera adecuadamente, y esto perjudica mayormente a los abonados, sobre todo a los de los niveles medios de la franja de consumo.

De una buena vez, hay que emplearse a fondo para hacer en el mercado energético reajustes que han debido ser hechos desde hace tiempo, pero que no han sido hechos porque es más fácil afectar a quienes no tienen medios para defenderse.