Hoy 
RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
La presentación de propuestas para comprar o gestionar cartera de préstamos de los bancos quebrados por parte de empresas extranjeras y nacionales marca un hito por la forma en que se comienzan a realizar los activos de estas entidades colapsadas, así como también la entrada al Mercado de importantes empresas administradoras de fondos y titularizadoras.
Las presentes autoridades del Banco Central recibieron el 16 de agosto la pesada herencia de un financiamiento interno por un monto de RD$104,857 millones, resultante del rescate de todos los depositantes de los bancos quebrados por parte de las pasadas autoridades, certificados de participación por RD$89,438 millones, con períodos de vencimientos de cortísimos plazos y tasas de interés que implicaba un servicio mensual de RD$2,500 millones que al cierre del 2004 generaron un déficit cuasi-fiscal que superaba los 31 mil millones de pesos.
La reducción del déficit cuasi-fiscal necesariamente debía ser la principal prioridad de las presente autoridades y al respecto la Junta Monetaria en su sesión del 28 de septiembre del 2004 aprobó la propuesta del gobernador Valdez Albizu dirigida a una solución integral para la reducción del déficit y la creación de una unidad especial para coordinar e implementar los diferentes pasos de la propuesta. La primera etapa del programa permitió extender los períodos de vencimiento de los certificados y reducir los intereses, con un éxito tal que a octubre del 2004 se había eliminado la brecha entre el financiamiento interno y el stock de certificados(fundamental para reducir el exceso de liquidez que presionaba la tasa de cambio y los precios)y aun cuando se había elevado el monto total de estos instrumentos, el servicio de los intereses se había reducido y la tendencia era hacia la reducción del déficit en términos nominales y como porciento del PIB.
La otra etapa de la solución integral del déficit cuasi-fiscal consiste en la venta de los activos de los bancos quebrados, del propio Banco Central y los que aporte el gobierno, dentro de un nuevo marco jurídico-financiero, el cual teniendo como sustento la Ley de Mercado de Valores y su Reglamento de Aplicación, permitió a la Junta Monetaria en sesión del 23 de diciembre aprobar una estructura consistente en Fondos de Inversión Cerrados(constituidos por los activos a realizar y con el BC como único accionista de los patrimonios a constituir) las Administradoras de Fondos (empresas privadas las cuales tendrán a su cargo la gestión de los fondos de inversión) y empresas Titularizadoras para el manejo de las carteras de préstamos. También dicha resolución estableció un Comité de Políticas presidido por el Gobernador del BC y otros miembros(dos titulares y un suplente de la JM designados el 24 de febrero del 2005 y dos miembros titulares provenientes del sector privado)
En enero el Banco Central convocó a una licitación publica internacional para precalificar las empresas aspirantes a administrar fondos, gestionar carteras, titularizar o adquirir activos, resultando seleccionadas ocho (una Argentina, dos de Estados Unidos, una de Portugal, tres de la Rep. Dom y una cuarta asociada con otra empresa Colombiana) las cuales podían participar en la primera subasta y otro numero similar, con algunos documentos incompletos, que cumplidos los requisitos fueron pre-calificadas para optar a subastas posteriores.
En mayo fueron convocadas las primeras empresas pre-calificadas a la primera subasta publica, consistente en cartera reestructurada y no reestructurada proveniente de BANINTER y de PROAGRA por un monto de US$150 millones, y, durante una jornada de tres semanas a partir del 20 de junio, representantes de estas empresas laboraron mas de ocho horas diarias realizando el «due diligence» y finalmente el 20 de Julio entregaron sus propuestas para adquirir o gestionar estas carteras.
Gracias a este proceso absolutamente transparente y ejemplar el Banco Central da pasos firmes para realizar los diferentes activos bajo su responsabilidad con la finalidad de contribuir al desmonte de los certificados, como insumo adicional, gracias a los novedosos vehículos jurídicos-financieros, se abre el mercado dominicano por vez primera a la incursión de prestigiosas firmas internacionales gestoras de activos y la posibilidad que el mecanismo de titularización de los inmuebles o las carteras sirva de estímulo al crecimiento del mercado de valores.
Con la disminución de los intereses y la extensión del plazo de los certificados, así como la realización de los activos, las presentes autoridades del BC están cumpliendo con la responsabilidad de contribuir a reducir la magnitud del déficit cuasi-fiscal, sin embargo llevar el stock de los certificados a niveles compatibles con la misión fundamental del BC deberá ser una responsabilidad compartida de los actores políticos, aprobando una reforma fiscal capaz de generar los excedentes que, mediante una ley o un pacto entre todas las organizaciones políticas, se destine anualmente a redimir estos instrumentos.
