ATLANTA.  AP.  En el día en que entró en vigor en varias partes de Georgia una ley severa contra la inmigración ilegal, un grupo comunitario latino organizó ayer un “día sin inmigrantes” para protestar contra la medida. 

La Alianza Latina de Georgia por los Derechos Humanos hizo un llamado a realizar un día de incumplimiento, pidiendo a los negocios que se mantengan cerrados y a los miembros de la comunidad que permanezcan en su casa, que no trabajen y realicen compras. Fue difícil determinar cuántas personas no se presentaron a trabajar, pero los organizadores dijeron que al menos 125 negocios del área de Atlanta cerraron el viernes para mostrar su apoyo. 

“Marcaremos nuestra presencia con nuestra ausencia para que el estado de Georgia tome nota de la importancia de la función y contribuciones de los latinos en el estado”, señaló Teodoro Maus, presidente del grupo.  La población hispana de Georgia casi se ha duplicado desde el 2000, a 865,689, o cerca del 10% de la población del estado, según cifras del censo del 2010.

El Pew Hispanic Center calculó el año pasado que la población indocumentada de Georgia era de aproximadamente 425,000 personas.   El esfuerzo —agendado para coincidir con la fecha de entrada en vigor de la mayor cantidad de cláusulas de la ley nueva— es parte de “un verano de derechos humanos” en Georgia, durante el cual los organizadores planean visitar comunidades latinas en todo el estado para instruir a la gente y organizar movilizaciones.  En la sede del grupo, voluntarios hicieron ayer pancartas y armaron paquetes de información para entregarlos hoy durante una concentración en el Capitolio, en el que los organizadores esperan al menos 10,000 personas. Un juez federal bloqueó el lunes de manera temporal una parte de la ley que autoriza a la policía a revisar el estatus de inmigración de sospechosos que no tengan la identificación apropiada y a detener a indocumentados.  

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Fuertes medidas

Parte de la ley  entró en efecto ayer, incluyendo fracciones que convierten en delito utilizar información o documentación falsa al solicitar un empleo, y que crean una junta revisora para investigar quejas sobre funcionarios de gobierno que no acaten las leyes del estado en materia de inmigración ilegal.  A partir del 1 de enero, los negocios con 500 empleados o más deben utilizar un banco de datos federal para verificar el estatus de inmigración de sus contrataciones nuevas. El requerimiento se introducirá progresivamente en todos los negocios con más de 10 empleados para julio del año 2013.