Organizaciones ambientalistas y comunitarias encabezadas por el Comité para la Defensa de las Areas Protegidas realizaron ayer una vigilia contra la aprobación de las modificaciones a la Ley Sectorial de Areas Protegidas.

Kelvin Guerrero, vocero del comité, dijo que crea suspicacias la aprobación «al vapor» y toda la oscuridad con que, a su entender, se está manejando el caso y deploró la manera violenta en que se impidió la entrada al Congreso, de representantes del comité, pese a que alegadamente tenían una cita con los diputados.

De su lado, el asesor en materia de medio ambiente, Carlos Michelén, opinó que el conocimiento de esa ley debe aplazarse para conocerse luego de las elecciones y cree que existe una «prisa incomprensible» por conocerlo.

«Lo que buscamos es que los diputados muestren algo de sensatez y aplacen la aprobación de la ley, por los errores garrafales que tiene. No es el momento apropiado por estarse en un proceso electoral», expresó.

Los manifestantes portaban pancartas, ataúdes y cartelones con mensajes alusivos al resguardo de las áreas protegidas y voceaban consignas.

Un dispositivo policial fue apostado a la entrada del Congreso para prevenir la eventualidad de cualquier desorden, mientras la comisión de medio ambiente de la Cámara de Diputados, ofrecía una rueda de prensa.

Michelén, asesor de medio ambiente de la Cámara de Diputados, dijo que hay una apetencia “tremenda” de parte de un grupo del sector privado, de apropiarse de las áreas protegidas y que sería así hasta que el Congreso declare las áreas protegidas como irreductibles.

«Yo acabo de proponer al diputado presidente de la comisión de medio ambiente, que tome en cuenta la posibilidad de declarar irreductibles las áreas protegidas. Cuando eso ocurra, esas apetencias que ya ocurrieron con el decreto 319-97, dejarán de ocurrir», añadió.

Señaló que hay una parte que obliga al sector político que intenta apropiarse de esas áreas.

El Comité para la Defensa de las Areas Protegidas, en un documento repartido a la prensa, expresa que para conocer el proyecto de ley, los diputados fueron convocados un día antes de la sesión, lo que impidió que su contenido fuera conocido por estos.

Añade que el conocimiento del proyecto de ley fue cambiado al punto número 3 de la agenda, a pesar de que le correspondía el número 26.

«El proyecto de ley y sus modificaciones, no se leyeron durante la sesión, impidiendo que los diputados pudiesen saber por lo que estaban votando. Igualmente se interrumpió la discusión después del séptimo turno de la palabra, arrebatando el derecho a expresar su opinión a varios diputados que la habían solicitado», expresa.

Uno de los puntos “negativos” del proyecto es que extiende los límites del Parque Nacional Jaragua hasta San Juan de la Maguana, incluyendo áreas de tierras agrícolas de Oviedo y de otros poblados.