POR ODALIS MEJIA
Unas 11 agrupaciones sociales y de defensa al medio ambiente de San Cristóbal y Baní anunciaron que retomarán la lucha en contra de las granceras que operan en los ríos Nizao, Nigua y sus afluentes hasta provocar su salida definitiva y evitar que continúen con el proceso de desertificación de esas comunidades.

Hablando a nombre de las organizaciones Manuel A. Nina, del Centro de Capacitación Ambiental Sixto Ramírez, dijo que con su reactivación buscan movilizar la opinión pública previo a los juicios de fondos en contra de algunas granceras previstos para los días 13, 17 y 20 de mayo, en el juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal.

Llamó a la población de San Cristóbal, al país y a las personas con sensibilidad social  a sumarse «a esta lucha patriótica por el agua, el río y el derecho a la vida, ya que no se puede permitir que las futuras generaciones no tengan ese líquido preciado para la vida».

«Creemos que salvando los ríos de San Cristóbal con una sentencia a los que destruyen, estamos enviando una señal, un mensaje a aquellos que pretenden seguir dejando esta tierra sin agua», destacó.

Nina dijo que es un secreto a voces el daño enorme que le han ocasionado esas extractoras de agregados a los  ríos de esa provincia como son el Nigua, Haina y Nizao que casi han desaparecido, y al  Yubazo que ya se extinguió, lo que por consiguiente ha ocasionado otros daños al ecosistema de la zona.

Entre los efectos de la extracción citó la rotura de la dinámica natural entre los bosques y el río que crea un desequilibrio ecológico que afecta la calidad y el curso del agua, la vida de las especies que habitan allí y el paisaje.

También que existe una erosión remota, destruyendo sus márgenes y tierras agrícolas productivas aledañas y una alteración de su flujo normal.

Además, sostiene que la voracidad de las palas mecánicas, de las dragas y retroexcavadoras han roto el manto natural  de los acuíferos, provocando su abatimiento, al facilitar la evaporación o filtración profunda.

Entre las organizaciones que se han articulado para evitar la operación de las granceras se encuentran Fundación Gregorio Luperón, Centro de Capacitación Ambiental Sixto Ramírez, Comité de Salud Estebanía Borinquen, Equipo Ecológico y Ambiental Vida, Fundación Pro-salud, Consejo de Dirigentes Cominutarios, Conamuca, Femuca, Fundación Pro-desarrollo Forestal Cambita, Comité de Desarrollo Hato Damas y Fundación Manos a Tiempo.

Mediante un documento en conjunto plantean que la situación de las fuentes acuíferas de San Cristóbal y Baní corresponde a todo el pueblo que está siendo afectado por la voracidad de las granceras y el uso irracional de los recursos naturales por grupos que se están enriqueciendo a costa del patrimonio nacional.

Entiende que esta lucha no puede consumarla el pueblo sólo, sino que la Secretaría de Medio Ambiente debe tomar cartas en el asunto, desde una parcialidad que brinde resultados justos y duraderos.

«Nuestro interés no es perjudicar a nadie, es evitar otro Jimaní, otras catástrofes naturales que serían posible si continúa la extracción de agregados en los ríos, y otras muertes como la del  ambientalista Sixto Ramírez», expresan las organizaciones.

Entienden que las empresas de extradicción de agregados son importantes para la industria de la construcción, por lo que proponen alternativas que sean menos nocivas para el medio ambiente que a largo plazo son menos costosas y de mejor calidad.