NUEVA YORK.  Agencias. La agencia de medición de riesgo Fitch rebajó ayer  la calificación de la deuda de España desde la categoría AAA a AA+ con perspectiva estable, porque considera que la vuelta a la recuperación económica será más difícil, prolongada y lenta que para otras economías con la misma nota.

Aunque Fitch admite que el proceso de estabilización económica está en curso, advierte de que el mercado laboral “inflexible” y el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros dificultarán la mejora económica en España.

Sobre la situación de las cajas de ahorros, la agencia de calificación alude especialmente al impacto que sobre los balances de estas entidades financieras ha tenido la crisis inmobiliaria.

Además, avisa de que la deuda pública española podría elevarse hasta el 78 por ciento del PIB en 2013, si bien señala que el perfil del crédito soberano español mantiene una posición fuerte y se apoya en una economía diversificada, un sector financiero cuyo núcleo es sólido, una tasa de ahorro relativamente alta y un historial de finanzas públicas “responsable».

El pasado 28 de abril la agencia Standard & Poor’s también rebajó la calificación de la deuda española, aunque en esa ocasión desde la categoría AA+ a AA con perspectiva negativa, al considerar que España podría sufrir un “periodo adicional de crecimiento débil».

Como resultado de la decisión de Fitch, las acciones de empresas españolas que cotizan en Nueva York caían ayer.

Los papeles del Banco Santander llegaron a caer más del 2 por ciento y operaban con una baja del 1,63 por ciento a 10,26 dólares a las 1712 GMT.

Los de Telefónica perdían un 1,22 por ciento, a 57,55 dólares.

El Gobierno español intensificó sus medidas de austeridad el viernes al reducir el techo del gasto público para el 2011 en un 7,7 por ciento frente al ejercicio anterior, pese a la tensión social consecuencia de la crisis económica más larga e intensa en varias décadas.

El jueves, el Congreso de los Diputados dio luz verde a un draconiano plan de austeridad del Gobierno de 15.000 millones de euros (18.400 millones de dólares) que incluye recortes de salarios del sector público y congelamiento de pensiones, entre otras iniciativas.

La primera vicepresidenta del Gobierno dijo el viernes que el plan de gasto público del presupuesto general del 2011 fue reducido a 122.256 millones de euros (151.438 millones de dólares), excluidos los fondos a las comunidades territoriales autónomas, respecto a los 182.400 millones de euros del 2010.

Si se excluye la partida a las administraciones regionales, el límite del gasto asciende a 150.056 millones de euros.

Hay problemas con  reforma laboral

Madrid. Agencias.  Las negociaciones entre los sindicatos y los empresarios para reformar la rígida legislación laboral de España van bastante mal, dijo el viernes el Gobierno, avivando dudas sobre cambios cruciales para tranquilizar a los mercados de la solvencia del país.

Si ambas partes no logran un acuerdo para una reforma laboral de consenso en el plazo de fines de mayo, el Gobierno llevará adelante una reforma por su cuenta con la oposición de los trabajadores, dijo el portavoz parlamentario del Gobierno socialista, José Antonio Alonso.

Un portavoz de la confederación de trabajadores UGT dijo el viernes que los sindicatos no alcanzaron un acuerdo sobre la reforma laboral con los empresarios, por lo cual el Gobierno se sumará este fin de semana a la mesa de negociaciones.

«El proceso bilateral para lograr una reforma laboral se ha agotado sin éxito. Ahora comenzarán conversaciones tripartitas de forma inmediata, con presencia del Gobierno en la mesa de negociaciones, posiblemente ya este mismo fin de semana», manifestó un portavoz de UGT.

Agregó que los sindicatos seguirán trabajando para llegar a un acuerdo sobre la reforma laboral.

Los cambios que pretende el Gobierno español  buscan fomentar la contratación, luego de que el número de desempleados ha superado la cota de los 4,5 millones de personas en el primer trimestre de lo que va de año.

Los sindicatos advirtieron el jueves que convocarían a una huelga general en caso de que se impusiera una reforma contraria a sus intereses.

«Yo comprendo las inquietudes de los trabajadores, de los sindicatos y de los empresarios, pero también sé y me consta que todo el mundo es muy consciente de la situación en la que estamos en España y en todos los países», dijo el socialista Alonso.