QUITO (AFP) – El Congreso de Ecuador discutirá a partir del martes una reforma a la ley de penas presionado por la rebelión de cerca de 10.000 presos, que este lunes cumplen una semana exigiendo una rebaja en las condenas, para lo cual han apelado a medidas extremas como la crucifixión colectiva.

Los reclusos, que apaciguaron sus acciones el fin de semana, retomaron este lunes las medidas de presión impidiendo el ingreso de los funcionarios en seis de las 18 cárceles que participan en el movimiento.

«No hemos dejado ingresar al personal administrativo y mantendremos la medida hasta que el Congreso acoja nuestras demandas. La guardia ha perdido el control interno de estas seis prisiones», dijo este lunes a la AFP Washington Grueso, portavoz de los internos.

Grueso aseguró que otros tres penales se sumaron a la protesta, y agregó que se radicaliza especialmente en las ciudades de Latacunga y Esmeraldas (fronteriza con Colombia), donde estaban previstas nuevas crucifixiones, un recurso al que apelaron temporalmente 13 presos la semana pasada.

«El 95% de la población carcelaria se ha vinculado a la protesta, hablamos de casi 11.000 internos», agregó, y reiteró que algunos detenidos están dispuestos a mutilarse para llamar la atención de los legisladores.

Grueso dijo también que los prisioneros se mantendrán en vigilia a la espera de la votación en el Parlamento, destino de una marcha programada para el martes por familiares de los reos y estudiantes de derecho.

El Congreso discutirá en segundo y último debate una reforma a la ley de penas, en la cual los reclusos exigen una norma que acorte las condenas a la mitad por buen comportamiento.

Los detenidos también exigen revivir un artículo según el cual nadie puede estar detenido más de un año sin condena -derogado por el Legislativo- soluciones al hacinamiento, cambios administrativos y planes de rehabilitación.

Las prisiones ecuatorianas tienen capacidad para 6.500 personas, pero albergan a 11.650, mientras que 65% de los internos está sin sentencia.

El ministro de Gobierno (Interior), Mauricio Gándara, llamó este lunes al Congreso a acelerar el trámite de la enmienda, que estimó necesaria, y sostuvo que la crisis carcelaria es producto de «confusiones legales».

Gándara afirmó que hay «divisiones» entre los presos porque un sector rechaza «medidas de hecho» como las crucifixiones, las costuras de labios, los desangres, los entierros de cuerpos y las huelgas de hambre que practican algunos.

Pero Grueso negó la aseveración del ministro y dijo que los reclusos le van a «demostrar» que están unidos y que él ha actuado con «negligencia para evitar el saqueo del sistema penitenciario».

En tal sentido el portavoz señaló que, aun si se aprueba la rebaja de penas, la protesta continuará mientras no haya un cambio en la jefatura del Consejo de Rehabilitación, entidad que administra las cárceles.

Gándara indicó, de otro lado, que Quito le solicitará a Bogotá aplicar un convenio vigente para repatriar a cientos de presos colombianos con el fin de paliar el hacinamiento.

«Lo primero que se debe hacer es pedir a Colombia que active los convenios de devolución de los presos por nacionalidad. Con ello se aliviaría el hacinamiento en las cárceles», dijo.

El ministro manifestó desconocer la «cifra exacta» de colombianos detenidos en Ecuador, aunque distintas fuentes aseguran que son entre 1.100 y 1.250.

De hecho, sólo en el penal García Moreno, el principal de Quito, 60% de los internos son colombianos, lo que equivale a unos 500, dijo este lunes a la AFP el director del reclusorio, Carlos Borja.