“Mantendremos nuestra firme determinación en la lucha para poner término a la inobservancia que se registra cada año, a la hora de reclamar lo que le corresponde al Poder Judicial en materia presupuestaria”. Como aquí todo el mundo sabe que el Congreso dominado por el PLD es un sello gomígrafo, una caja de resonancia, un satélite o cualquier otro símil que ilustre su dependencia del Poder Ejecutivo, hay que preguntarse qué hará el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, cuando los legisladores demuestren que no son tan sensatos ni juiciosos como para enmendarle la plana al Palacio Nacional asignándole al Poder Judicial lo que le corresponde, de acuerdo a la ley 194-04, en el Presupuesto General del Estado, y lo aprueben tal y como lo recibieron, sin cambiarle un sola coma. ¿Qué hará para evitar que una vez mas el Poder Ejecutivo viole impunemente la ley que garantiza su autonomía presupuestaria, imprescindible para ejercer a plenitud su independencia? ¿Puede hacerse algo para impedir que desde el Palacio Nacional se utilice el Presupuesto para “controlar” a los demás poderes del Estado cerrando o abriendo a discreción la llave de los recursos que reciben? Este escarceo podría llevar a muchos a pensar que estamos a las puertas de una confrontación peligrosa dada nuestra endémica fragilidad institucional, pero es poco probable que el presidente de la Suprema Corte se atreva a llevar la firmeza de su lucha por un mejor presupuesto mas allá de lo que aconseja la prudencia. Sobre todo porque tal y como están las cosas en el PLD, donde las tensiones que generan las aspiraciones de cara al 2020 son cada vez mas difíciles de contener, ese forcejeo podría prestarse a malas interpretaciones que precipiten la crisis que se incuba, como una infección mal atendida, desde que danilistas y leonelistas descubrieron que sus intereses son irreconciliables.