Recesión, no recuperación

POR LUIS H. VARGAS
Las políticas públicas aplicadas durante los 100 primeros días de gestión gubernamental de Fernández apuntan a una profundización de la fase recesiva, no de recuperación, del ciclo de la economía dominicana.

En este lapso, la ejecución de las políticas monetaria, fiscal y social se caracteriza por promover la actividad financiera especulativa frente a la actividad productiva rentable, la redistribución regresiva de la renta doméstica en contra del nivel y calidad de vida familiar y ambiental de las masas populares y, además, la desintervención estatal favorable a determinados intereses transnacionales en desmedro de mayoritarios intereses nacionales.

La política monetaria consiste básicamente en la contracción brutal de la emisión monetaria, a través de la venta galopante de certificados de inversión, en procura de bajar artificialmente la tasa de cambio de pesos por dólar y la tasa de inflación de bienes y servicios de consumo. De esta manera, la amputación de la moneda nacional y crediticia serviría, por un lado, para achicar la capacidad de compra de empresarios y trabajadores y, por el otro, depreciar las monedas internacionales dólar y euro; es decir, transferir ingreso nativo de empresas productivas y familias pobres a compañías de importación de mercancías, corporaciones de exportación de ganancias y entidades foráneas de crédito.

Entre el 16 de agosto y el 25 de noviembre de este año 204, la gobernación del Banco Central encaramó su endeudamiento interno en 23 mil 900 millones de pesos o 26,6%, al aumentar los valores en circulación de 89 mil 793 millones a 113 mil 693 millones. En razón de que dicho instituto emisor no paga intereses ni redime papeles a vencimiento, sino que re-emite nuevos títulos a tipos de interés más bajos y plazos más largos, no hace más que prolongar la situación de default heredada del gobierno anterior de Mejía.

Las autoridades monetarias proclaman diariamente que la recolocación de nuevas certificaciones de inversión a descendentes rendimientos financieros es la vía adecuada de solución de este tipo de pasivo estatal, pero ocultan que ni Banco Central cuenta con activos físicos ni el gobierno central con fondos suficientes para liquidar el monto anotado y pagar intereses mensuales ascendentes a poco más o menos 4 mil millones de pesos.

Todavía peor, tales autoridades realizan estas operaciones de mercado abierto a sabiendas de que las instituciones financieras en conjunto y la banca múltiple en particular tabulan, en calidad de tenedores, respectivamente el 60,0% y el 35% del valor total de los títulos emitidos o, lo que es igual, cifras equivalentes a los coeficientes de 150% y 250% del patrimonio, sin registro de las provisiones de lugar. Dado que el diferencial entre valor facial y valor mercantil de los certificados de inversión acusa una tendencia alcista, el día que se reconozca esta quita la banca central será responsable directa de la quiebra del sistema financiero y bancario criollo. 

La política fiscal da cuenta a su vez de reformas tributarias realizada y programada y de podas de las erogaciones gubernamentales en las partidas de la plantilla laboral y los servicios sociales, a los fines de generar un superávit primario capaz de liquidar intereses de deuda y, más aún, cerrar la brecha de las cuentas internas del sector público.

En cuanto a la reforma impositiva implementada a partir del 1 de octubre del corriente año, hay que indicar que ha resultado un fracaso si se evalúa según el objetivo de aumentar los recaudos tributarios y, por tanto, disminuir el déficit fiscal. En efecto, los ingresos tributarios del gobierno fernandecista describen una curva declinante a pesar de la reciente ley de tributación aprobada y las declaraciones reiteradas de eficiencia administrativa alcanzada: 10 mil 526 millones en agosto, 9 mil 154 millones en septiembre y 8 mil 999 millones en octubre.

La causa de este descalabro de las colectas de ingresos fiscales radica en que el gobierno central adopta políticas públicas de cercenamiento de la demanda agregada, las cuales deprimen a su vez la producción bruta. Por consiguiente, como los recaudos fiscales son una función de los ingresos nacionales, si estos últimos caen los anteriores tienden a recaer de modo inevitable.

Ante este colapso de la recolectas del fisco, las autoridades han respondido abiertamente con una nueva propuesta de reforma impositiva y tímidamente con la lucha contra la evasión fiscal. Concretamente han sugerido subir la comisión cambiaria de 10% a 13% e indexar el precio de los combustibles petrolíferos consumidos.

En el primer caso, el gobierno central pretende recaudar más de 410 millones de pesos adicionales, suma que a final de cuentas arrojaría un mínimo saldo de casi 110 millones de pesos si cumple el mandato legal de eliminar el tributo de 2% al valor de las importaciones a más tardar el 31 de diciembre del año en curso y, todavía peor, un faltante de mil 380 millones a mil 790 millones de pesos mensuales si acata la decisión de la Organización Mundial del Comercio -OMC- de abolir el cobro de dicha comisión de cambio de divisas de 10% actual o 13% esperada.

En lo que respecta al gasto de la administración de gobierno, los funcionarios fiscales registran éxito el recorte de la nómina laboral y las transferencias corrientes, pero fracaso en el pago de servicio de adeudos y desembolsos en construcción de obras públicas.

Entre septiembre y octubre del corriente año, la administración del gobierno redujo el gasto en consumo promedio en aproximadamente 21%, en comparación al período comprendido entre enero y agosto. También, el gobierno rebajó el subsidio a la consumación del gas licuado de petróleo -GLP- de 800 millones de pesos a 516 millones mensuales, al mismo tiempo que limitó el acreditado al servicio de energía eléctrica a mil millones de pesos mensuales o cerca del 45% del precio de distribución.

En sendas operaciones, la administración central no aportó solución real y efectiva, puesto que en la primera empujó la sustitución del consumo de GLP por carbón vegetal, a expensas de la deforestación de la isla y, en la segunda, continuó con la política de fijación de tarifas de monopolio a costa de las rentas empresariales y familiares.

En relación al cumplimiento calendarizado de pagos de adeudos exteriores e interiores el balance no puede ser más decepcionante. El gobierno de Fernández se comprometió a erogar en el último cuatrimestre del año la abultada cifra de 20 mil millones de pesos por concepto de repago de intereses y amortización del principal; sin embargo tan sólo ha logrado saldar alrededor de 15%, lo cual equivale a reconfirmar que el país se encuentra en default delante de sus acreedores. Se estima que a finales de este mes de noviembre, los atrasos de pasivos externos sobrepasan los 500 millones de dólares, cuya responsabilidad se reparte entre 333 millones de dólares del gobierno de Mejía y más de 167 millones del gobierno de Fernández.   

En conclusión, el proceso deflacionario que atraviesa la economía nacional, expresado en baja del tipo cambiario y achatamiento del índice de precios al consumo, obedece a la gestión restrictiva de la base monetaria, gracias a la política de endeudamiento interior y exterior sin límites llevada a cabo por el gobierno central.

Este sobreendeudamiento refleja default, aunque no se declare de manera oficial, y aleja las posibilidades de superación virtuosa de la presente crisis económica, financiera y bancaria.

La solución de la crisis descansa fundamentalmente en aprovechar la mayor parte de los excedentes de producción y renta para recuperar las actividades productivas y mejorar las remuneraciones de los trabajadores y no para pagar obligaciones financieras con acreedores y negocios multinacionales. De aquí la necesidad de cambiar las políticas públicas neoliberales y fondomonetaristas por políticas de defensa de empresas criollas, las masas populares y las riquezas ecológicas. Esperemos que el gobierno de Fernández aprenda la lección: el crecimiento proyectado del PBI en 1,8% en 2004 responde a que se dejó de pagar realmente deuda y no a una supuesta confianza que ronda ficticiamente en la cabeza de funcionarios y analistas.