El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Inc. (ANJE), Joel Santos rechazó la modificación del artículo 24  de la Ley No. 87-01 sobre Seguridad Social aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados , mediante la cual se pretende eliminar el derecho al veto de los sectores empresarial y trabajador para que las decisiones puedan ser aprobadas por mayoría simple en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, lo que puede dar como resultado que las decisiones sean aprobada únicamente con la votación favorable de la representación estatal.

Joel Santos indicó que según los “considerandos” para la modificación de  dicha legislación establecen que supuestamente el veto de estos sectores ha perjudicado grandes masas de la población por los intereses particulares.

“No obstante,  dichas afirmaciones no mencionan que el sector empresarial y empleador se negó en el pasado a participar en sesiones cuando el Consejo se disponía a violar las disposiciones legales vigentes, tales como los casos en que no se refrendaban las selecciones a los cargos de los superintendentes de pensiones y de salud y riesgos laborales; y cuando muchos sectores ignoraban la importancia del equilibrio financiero para el entrada en vigencia de Régimen Contributivo del Seguro Familiar de Salud”, dijo. 

Santos entiende que esta iniciativa no guarda ninguna relación  con los esfuerzos que se vienen realizando desde el Poder Ejecutivo para completar los acuerdos relativos inicio del sistema y firmados el pasado mes de Diciembre.

Además, consideró que la iniciativa afecta la imagen de las autoridades ya que algunos la pudieran interpretar la iniciativa como un “posicionamiento” en las negociaciones. Ciertamente estamos hablando de distintos poderes del Estado  declaró Santos, pero el momento en que esto sucede puede dar lugar a muchas conjeturas

ANJE reiteró que el sector empresarial y empleador ha cumplido todos sus compromisos para la puesta en funcionamiento del PDSS, sin embargo, recalcó que el sector no está dispuesto a pagar  por un servicio en el que no existan las condiciones necesarias para brindarlo adecuadamente, por las implicaciones sociales y económicas que tendría en sus empleados y la ciudadanía en general. ANJE también reiteró su apoyo al inicio del sistema.