POR ODALIS MEJIA
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) negó que los docentes les teman a la evaluación por su desempeño en las aulas y por el contrario consideró que este instrumento es necesario para corregir algunas debilidades del proceso de enseñanza.

El incentivo a la evaluación docente no se aplica desde el 1999 y en la actualidad una comisión mixta del gremio de maestro y la Secretaría de Educación trabajan en el diseño de un nuevo reglamento para aplicar el mismo en este año.

De acuerdo a María Teresa Cabrera, secretaria general de la ADP, el incentivo por desempeño docente, que equivale a un ingreso desde un 7 a 32% de acuerdo a su evaluación, estaba previsto volverse a aplicar en el 2003, pero se ha estado postergando.

Cabrera entiende que es importante la aplicación de la evaluación docente, porque a partir de la misma se puede reforzar al maestro en las áreas que tenga una debilidad y definirse las estrategias de mejoría.

Recordó que la ADP firmó con las pasadas autoridades de la Secretaría de Educación un acuerdo en el 2003, mediante el cual se hizo un compromiso de aplicarse la medición y no se cumplió.

Informó que al llegar las nuevas autoridades éstas plantearon una revisión de los instrumentos de aplicación de la evaluación docente, por lo que se firmó otro acuerdo.

Cabrera consideró que los criterios que se están considerando en la actualidad para la ejecución del instructivo de medición son interesantes y mejoran las experiencias que se han obtenido en la aplicación del mismo anteriormente, al destacar que el proceso está avanzado.

La ADP reivindica la aplicación de la evaluación por desempeño no sólo porque representa un incentivo para el maestro, sino porque cree que bien hecha permite identificar en cuáles áreas hay que reforzar y definir estrategias de retroalimentación para que esas debilidades se mejoren, subrayó la secretaria general de la ADP.

TRIBUNALES DOCENTES

En otro punto, la ADP consideró que es necesario que se establezcan los tribunales docentes porque con la instalación de los mismos se evitaría la generación de conflictos a veces innecesarios al interior de la comunidad educativa.

Pese a que la Ley sobre Educación 66-97 data del año 1997, a diez años de su puesta en vigencia, los tribunales docentes no han sido instalados. Estas instancias están llamadas actuar en los casos en que se incumplan deberes y derechos tanto de parte de los funcionarios como de los maestros.

Según Cabrera en la última reunión del Consejo de Educación, celebrada la pasada semana, se conoció el instructivo para la puesta en práctica de los tribunales docentes y se planteó la necesidad de reformulación del reglamento, para lo cual se creó una comisión que revisaría el mismo, y la cual tiene plazo hasta noviembre.

La secretaria de la ADP espera que definitivamente se instalen los tribunales porque contribuirían a la paz educativa, necesaria en el sistema.

En la medida en que todo el mundo se apropie, tanto los funcionarios como los maestros y los directores, del contenido de esa normativa, podría si se respeta, reducir los conflictos que se generan en el entorno de la comunidad educativa y que a veces provocan interrupción en la docencia, expresó Cabrera.