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San Pedro de Macorís.- El presidente administrador del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Pedro Corporán rechazó la sentencia emitida por el tribunal de tierras de San Pedro de Macorís, que beneficia a un abogado de esa ciudad con 6 mil metros cuadrados de terrenos, propiedad del Estado Dominicano.
Corporán, apegado a lo que establece la ley 31-57 del IDECOOP y la 127 sobre cooperativismo, indicó que los 21 mil metros cuadrados de los terrenos que fueron donados por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) a la desincorporada Cooperativa del Ingenio Porvenir -deben ser devueltos al Estado dominicano- conforme a las normativas que rige ese sector.
Indicó que la entidad que dirige es quien tiene la facultad que le confiere la ley 31 y otorga la responsabilidad de hacer un proceso de liquidación de las instituciones de carácter cooperativo disueltas para devolverle al patrimonio público los bienes que hayan sido donados por el Estado, al tiempo que aclaró, que de la única manera que una legislación especial puede ser transgredida es, si fricciona con preceptos constitucionales.
El representante del IDECOOP y su equipo legal sometieron ante los tribunales de San Pedro de Macorís un expediente contra el abogado Santiago Santos, quien alega que posee títulos de propiedad conforme a una sentencia emitida por el tribunal de tierras de la provincia y que -alegadamente lo favorece- con una porción de seis mil metros cuadrados de esos terrenos.
Desde hace un año estos terrenos en litis, ubicados en el centro de la ciudad son utilizados por jóvenes y niños que realizan diferentes disciplinas deportivas, actividades sociales y culturales, con permiso y apoyo de las autoridades del IDECOOP, dijo.
En ese sentido, Corporán abogó ante el gobierno para que el suelo sea donado y declarado de utilidad pública, endosado a la Secretaría de Deportes para fines atléticos, en procura de que los usuarios tengan una vida sana.
Sostuvo que sería un acto de criminalidad que la propiedad hoy utilizada por deportistas pase a manos privadas y denunció que personas mal intencionadas pretendan apropiarse del patrimonio público.
