Organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la niñez criticaron ayer la propuesta de modificación al Código para el Sistema de Protección de los Derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03, bajo el entendido  de que endurecer las penas contra los menores que delinquen no resolverá el problema de la criminalidad en el país. Las entidades pidieron a los legisladores que primero gestionen la aplicación de la ley en su totalidad y que luego hagan una evaluación de los resultados.

Decenas de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la niñez criticaron ayer la propuesta de modificación al Código para el Sistema de Protección de los Derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 136-03, bajo el entendido  que endurecer las penas contra los menores que delinquen no resolverá el problema de la criminalidad en el país.

Los miembros de la Comisión Para la Ejecución de la Justicia en Niños, Niñas y Adolescentes (Cejnna), la Coalición de ONG Por la Infancia y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (Unicef) pidieron a los legisladores primero gestionar que se aplique la Ley en su totalidad y que se evalúen sus resultados.

En conferencia de prensa, la presidenta del Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia (Conani) Kirsys Fernández de Valenzuela, explicó que numerosas investigaciones demuestran que el aislamiento de una persona que todavía está en proceso de formación sólo contribuye a su desarraigo y desocialización.

También dijo que los legisladores deben considerar la experiencia de otros países de la región, en que se han impuesto penas más severas y no han logrado disminuir los índices de criminalidad.

“Las penas por sí solas no constituyen el remedio a la delincuencia juvenil, hay que atender a las causas de la delincuencia y continuar desarrollando políticas globales que favorezcan la inserción educativa, laboral y profesional”, sostuvo.

En ese sentido, el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, Lino Vásquez, precisó que no llega a 600 la cifra de menores en conflicto con la ley, una cifra que dijo es muy inferior al promedio de la región.

En tanto  la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), María Jesús Conde, insistió en que el Código de la Niñez es relativamente joven y que no se puede modificar si no ha habido tiempo suficiente para aplicarlo y evaluarlo.

“Las normas se implementan con carácter permanente y no se pueden estar modificando en función de la coyuntura política”, sostuvo.