El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que conoce el juicio contra los empresarios transportistas acusados de sicariato, rechazó al Ministerio Público la incorporación de ocho folders con varios documentos porque su contenido no fue descrito.
El tribunal además llamó la atención del Ministerio Público por la forma como presenta las pruebas en un proceso.
Las pruebas contenidas en esos folders eran contra los imputados Ericson de los Santos Solís, exregidor de Pedro Brand uno de los supuestos cabecillas de la red y el raso de la Policía Nacional Amaury Cabrera Martínez.
El juicio de fondo está en la etapa de presentación de pruebas documentales y la Fiscalía del Distrito Nacional buscaba incorporar los mismos sin un inventario donde se estableciera la cantidad de documentos, el tipo y qué se pretendía probar con los mismos, a lo que la defensa de los imputados se opuso.
La magistrada Yissell Soto, presidenta del colegiado, justificó su decisión en que el Ministerio Público hacía una descripción genérica de los mismos y no establece con certeza cuantas pruebas tenía en cada uno, “por lo que el tribunal estaría entonces inmerso en una incertidumbre de ver con certeza que fue todo lo que se presentó en esa prueba”, dijo.
Indicó que de permitir se incorporaran en esas circunstancias el tribunal caería en “una violación absoluta, grosera y tajante del derecho de defensa de los procesados”.
El fiscal litigante Eduardo Velázquez indicó que el contenido de los folders fue descrito por el juez de la instrucción en el auto de apertura a juicio.
No obstante el tribunal negó a la defensa de De los Santos, la exclusión de otros documentos, como contrato de alquiler y declaración de bienes, con los que la fiscalía pretende probar el vínculo entre el exregidor y el exraso.
Plutarco Jáquez, abogado del exregidor alegaba que contrario a eso, lo que se perseguía con esos documentos era probar los cargos de lavados de activos y tráfico de combustible, tipos penales que fueron excluidos en la fase de instrucción.
El grupo, que supuestamente financiaba Arsenio Quevedo, está acusados de la muerte de varios controles de rutas de guaguas.