SAN JOSE (AP).- El máximo órgano de la justicia costarricense, rechazó ocho recursos interpuestos a favor del ex presidente y ex secretario de la Organización de Estados Unidos (OEA) Miguel Angel Rodríguez.

Todos planteaban la existencia de algún tipo de abuso o irregularidad en la detención de que fue objeto Rodríguez tras su llegada al país hace una semana. Al ex gobernante (1998-2002) lo esposaron y lo trasladaron a la Fiscalía dentro de una «perrera»», un vehículo oficial sin ventanas dedicado al traslado de reos.

La Sala Constitucional indicó que «es público y notorio (que existía) una orden de captura internacional (contra Rodríguez), de manera que al detenerlo y llevarlo a la Fiscalía, se cumplió con ello»», informó el Poder Judicial mediante un comunicado de prensa.

En cuanto al tema de la inmunidad de la que al parecer aún gozaba Rodríguez al momento de su detención el día 15 de octubre por su cargo en la OEA, los magistrados señalaron que es un asunto que debe ser formulado ante la justicia penal.

Tras su arribo a Costa Rica y pasar una noche en una celda judicial, un juez penal decidió que Rodríguez debía cumplir seis meses de prisión preventiva domiciliaria y el pago de una fianza por 560.000 dólares.

Su representante legal, Rafael Gairauld, presentó esta semana una apelación contra el monto solicitado al considerarlo excesivo aunque indicó que de ser necesario, la familia de Rodríguez pondría a responder una propiedad.

El ex mandatario es investigado por los delitos de cohecho impropio (recibo de dádivas por parte de un funcionario público), enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y corrupción agravada por recibir supuestos pagos irregulares durante su gobierno.

Entre otros es sospechoso de recibir el 60% de una comisión de más de dos millones de dólares entregados por la empresa francesa Alcatel tras una venta de 400.000 líneas celulares al Instituto de Electricidad, según dijo a los fiscales su amigo José Antonio Lobo, quien habría recibido el 40% de ese dinero.

Además, se le achaca un pago de 100.000 dólares de la firma española Inabesa, que ganó una licitación para un proyecto de electrificación subterránea.

Otra denuncia contra el mandatario es la recepción anómala de 400.000 dólares por parte del gobierno de Taiwán, que explicó se trataba de una donación para capacitación política, mientras Rodríguez alegó que se trató de un préstamo.

Rodríguez cumple su prisión preventiva en un modesto apartamento en la zona este de la capital, cercano a algunas de las universidades más grandes del país, alquilado por 500 dólares mensuales.