Detrás de la resolución 13-2016 del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que otorga plazo hasta el primero de enero a las empresas que se dedican al desguace de barcos en los ríos Ozama e Isabela se esconde el interés de una familia poderosa que pretende monopolizar la explotación del acero reciclado, no el de preservar esas fuentes acuíferas.
Así lo advirtió ayer el ingeniero Juan Vásquez, presidente de la Naviera Río San Juan, que opera en la margen del Ozama, al lado de la Barquita Norte, en Sabana Perdida, quien definió la disposición de arbitraria.
Informó que ya se constituyeron en parte civil contra la resolución, por arbitraria; y que además no toma en consideración a decenas de familias que se ganan el sustento diario en esos lugares.
Considera que si realmente el Gobierno pretende sanear las fuentes señaladas deben comenzar por detener el vertido de aguas residuales de decenas de empresas a esos ríos y sacar las metaleras que operan en sus riberas desde hace más de 20 años.
Vásquez expresa que si la medida hubiera comenzado por sacar a las metaleras que realmente contaminan a esos ríos, sancionando a las empresas que vierten sus químicos y aguas residuales a los ríos y reubicando a las familias que habitan en sus márgenes, creería que la disposición busca sanear las principales fuentes acuíferas de Santo Domingo.
Aseguró que su empresa no contamina, ya que así lo demuestra que la parte más sana del Ozama es precisamente donde actúa la Naviera Río San Juan, contrario a lo que sucede desde donde este se junta con el Isabela, que a simple vista se observa la contaminación.
Señala que esa empresa ha servido como centro de acopio de desechos sólidos en jornadas de limpieza del río, situación por la que el Ozama se observa más limpio.
“Pero no porque las autoridades se hayan empeñado, ni dado un paso en la limpieza del río”, dice Vásquez, entrevistado por reporteros de este diario.

Vásquez no identificó a esa “familia poderosa”, que dijo aporta recursos en la campaña política a quienes los necesiten.
Ayer no fue posible obtener la reacción de otras empresas de desguace que operan en los ríos Ozama e Isabela, debido a que no se encontraban en esos lugares. Sin embargo, José Ferreras, quien trabaja en la empresa metalera La Isabela, casi debajo del puente Presidente Peynado que conduce a Villa Mella, señala que decenas de padres de familias dependen del trabajo que realizan en ese lugar.
Advirtió que si el Gobierno cierra la metalera muchos quedarán sin empleos y tendrían que lanzarse a la calle a delinquir para mantener a sus familias.
A todo lo largo de los ríos Ozama e Isabela existen al menos cinco metaleras que han inundado de metales a estas fuentes durante décadas, a tal punto que hay empresa que se dedican a sacar pedazos de embarcaciones de los lechos.
La resolución expresa que a partir del primero de enero queda terminantemente prohibido, además del desguace de barcos, el reciclaje de metales y de cualquier tipo tanto en la franja de los 30 metros de protección como en sus cuerpos de agua.