La Fundación por los Derechos del Consumidor y   GAIA Tropical se oponen a la entrada de semillas transgénicas al país porque esto no soluciona el problema de la seguridad alimentaria, ya que la nación produce el 80% de lo que consume y además que estas semillas pierden su viabilidad después de la cosecha y amarra a los agricultores a las fluctuaciones del mercado.

Alegan, además, que en el país no existe un personal técnico con la capacidad y   la experiencia para el manejo de especies genéticamente modificadas, ni  legislación que regule su entrada e implementación y tampoco normas de bioseguridad.

Sostienen que la semilla transgénica saca de circulación las variedades de semillas de plantas tradicionales de cultivo que pueden sembrar los campesinos.

Afirman que los granos modificados eliminan la oportunidad de establecer nuevos nichos de mercados a partir de la agricultura orgánica que  ya está muy desarrollada en el país.

Indican que el Instituto Dominicano de Investigaciones Agroforestales (IDIAF) ha logrado mejorar, con el uso de la biotecnología,  más de 15 rubros que ya están sembrados, tras sugerir que para lograr la seguridad alimentaria hay que asumir la propuesta de vuelta al campo.