Entre los puntos más propuestos en las vistas públicas sobre el Proyecto de Modernización Fiscal, resaltaron que no se graven los productos de alimentación básica, que sean aplicados de acuerdo a la capacidad de pago, bajar o eliminar el Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI) pero, sobre todo, que el Gobierno busque los recursos que necesita en la evasión.

Esos y otros fueron expuestos en las vistas públicas organizadas por la Cámara de Diputados, a través de su Comisión de Hacienda, en la que participaron más de 150 instituciones, organizaciones y personas en particular.

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Sector agropecuario

Osmar Benitez, director ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), con más de 180 mil afiliados, propuso que no se castigue con impuesto los alimentos que consume la población.

Mostró su disposición a discutir con el Gobierno otras fuentes de ingresos que pudieran generar los recursos que requiere el Estado, incluyendo el mismo sector agropecuario.

De su lado, Eduardo Cabrera, presidente de la Confederación Nacional Agropecuaria (Copenagro) rechazó que el sector agropecuario pague anticipo e Itbis, porque encarecería los productos que llegan diariamente a la mesa de los dominicanos. Recordó que el próximo 2025 el Tratado de Libre Comercio queda abierto, por tanto, urge proteger al sector agropecuario para que pueda competir en el mercado.

Los comerciantes

Antonio Cruz Rojas, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios (Conacerd), advirtió que la idea de gravar los alimentos no alcohólicos sería mortal para la sociedad y para el sector comercial.

Precisó que del consumo nacional, el 23.2% es de alimentos y bebidas no alcohólicas, por lo que si se aumenta el gravamen a los productos de primera necesidad, las ventas disminuirían considerablemente.

Propuso que dentro de la reforma se considere la figura del monotributo, debido a que el 85% de la micro y pequeña empresa se encuentra en la informalidad.

Bebidas y licores

Manuel Cabral, representante de la Asociación de Representantes Importadores de Vinos y Licores Asociados (Rivlas) advirtió que una carga mayor a la ya existe, podría derivar en reducción significativa de los empleos directos e indirectos, afectando la sostenibilidad de la cadena productiva.

Además, prevé menor recaudación de impuestos para el Gobierno, impacto negativo y, al mismo tiempo, un aumento considerable del comercio ilícito en el país, como sucedió con la reforma fiscal de 2012, a pesar de la advertencia del sector.

Políticos

El pastor Carlos Peña, del Partido Regeneración de Servidores, abogó porque el proyecto sea retirado del Congreso Nacional, por considerar que deber ser debatido en el Consejo Económico y Social (CES).

Manifestó que la reforma no es necesaria, debido a que el Gobierno ha tomado prestado más de 45 mil millones de dólares que no se sabe a dónde han ido a parar. Virginia Antares, del Partido Opción Democrática (OD), afirmó que de aprobarse el proyecto como se plantea, profundizaría la desigualdad, la desnutrición, el déficit habitacional y la pobreza en general en RD.

Constructores de viviendas

Aneury Meléndez, de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), sostuvo que el proyecto plantea un desolador escenario para las viviendas en el país. Advirtió que amenaza con precios insostenibles para la población y que, de aprobarse el IPI, dejaría a seis de cada diez dominicanos sin acceso a su primer hogar. Señaló que, con la eliminación de la tasa diferenciada del ISR a los fideicomisos de viviendas, el precio aumentaría aproximadamente en un 12.5%.

También expusieron organizaciones barriales y comunitarias, quienes abogaron por diálogo.