¿Reciprocidad Leonel-Hipólito?

POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
La suspensión de la cita que el Procurador Fiscal del Distrito Nacional había notificado al expresidente Hipólito Mejía para interrogarlo sobre supuestos vínculos con el acusado de narcotráfico Quirino Paulino pudo derivarse de la astucia y prudencia política del presidente Leonel Fernández, pero el espectáculo no prestigia la lucha contra la corrupción.

La decisión anunciada la tarde del jueves quita un escenario al exmandatario, empeñado en mantener la polarización con su sucesor, pero también podría ser la reciprocidad a la protección de Mejía cuando en el cuatrienio pasado se amenazó con procesar a Fernández Reyna, que en una ocasión fue interrogado por el ministerio público y en otra por una jueza de instrucción.

En cualquier caso, el agrónomo Mejía debe aprovechar la circunstancia para aclarar definitivamente los vínculos que le atribuyen con Quirino Paulino y su actuación en el programa de renovación de vehículos de transporte, conocido como Plan Renove, que ocupan la atención judicial y del país.

UNA JUGADA DE LEONEL

Aunque el procurador fiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández sostenga que no recibió instrucciones del Presidente Leonel Fernández, parece obvio que el mandatario influyó en la decisión de revocar la cita judicial que había hecho al expresidente Hipólito Mejía para interrogarlo el martes 19 sobre supuestos vínculos con el acusado de narcotráfico Quirino Ernesto Paulino.

Los indicios apuntan a que el mandatario quiso dejar clara su posición: el anuncio fue hecho por el doctor Hernández, poco después de reunirse con él para informarle del caso. Si la decisión no salió de esa conversación, no tenía sentido tal prisa, pues pudo haberse hecho el viernes o hasta el lunes.

Múltiples pueden haber sido las causas de la recomendación presidencial, pero en el imaginario social se fortalece la creencia de que podría haber una especie de reciprocidad del presidente con su antecesor, quien sostuvo la “doctrina” de que a los expresidentes se les deben consideraciones especiales, cuantas veces se debatió si interrogaban a Fernández por irregularidades denunciadas sobre su período de gobierno 1996-2000.

La decisión también puede haber sido fruto de la propia experiencia, de la astucia política y la capacidad jurídica del presidente Fernández, considerando:

1.- Que el agrónomo Mejía cultiva una polarización con él para mantenerse vigente y como líder de la oposición, lo que hizo a lo largo de su período de gobierno. El retorno al poder de Leonel Fernández es un incentivo para que aquel pretenda mantenerse en la palestra.

2.- Un interrogatorio que no arroje bases sólidas para un proceso judicial en vez de perjudicar beneficiaría al expresidente, que saldría como ganador y víctima de persecución política. Aún si Mejía admitiera que reenganchó al Ejército a Quirino, eso no lo hace responsable judicialmente de los actos de éste. Lo más que cabría es procesarlo por violar la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, con el inconveniente de que el actual mandatario también ha dispuesto reincorporaciones.

3.- La cita constituía un escenario espectacular, al que confluirían cientos de dirigentes perredeistas y seguidores de Mejía, con riesgos de confrontaciones peligrosas como la del 24 de noviembre del 2000, cuando Fernández y el liderazgo peledeísta acudieron a la Procuraduría General para “constituirse en prisión”, tras el inicio del proceso judicial por el Programa de Empleos Mínimos (PEME). La presión de las masas sobre un cordón policial generó el lanzamiento de bombas lacrimógenas y un feo incidente que no benefició al gobierno, ya que el propio Fernández tuvo que recibir atención médica por los efectos de los gases.

EL FISCAL MAL PARADO

La revocación de la citación a Mejía ha dejado al procurador fiscal mal parado. Fue débil el argumento de que la había decidido porque tenía que ponderar una lluvia de nuevas informaciones sobre Quirino Paulino, procesado por el cargamento de 1,300 kilogramos de cocaína incautados el 18 de diciembre y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

El doctor Hernández, un abogado de firmes criterios éticos, pudo haber subestimado los factores políticos implícitos en cualquier interrogatorio a un expresidente, sobre todo si tiene el respaldo de un partido grande que controla el poder legislativo y el municipal. También pudo haber sido influido por corrientes políticas, empresariales y periodísticas que buscan a cualquier precio liquidar a Hipólito Mejía, cobrándole deudas personales o sectoriales.

Por el momento, el traspiés beneficia al expresidente y queda como parte del circo que desprestigia la lucha contra la corrupción, al presentarla por un lado como oportunismo y persecución política y, por otro, como ingrediente de negociación entre los políticos. También tiende a debilitar la posición del ministerio público en las investigaciones sobre denuncias de corrupción en la pasada administración.

Sin embargo, de cara a la opinión pública, las circunstancias recomiendan al expresidente Mejía esclarecer al máximo su relación con Quirino Paulino. Por lo menos debe admitir responsablemente que dispuso su reincorporación al Ejército, después que su designación había sido cancelada, como se afirma, o señalar al responsable.

Hipólito Mejía tiene una oportunidad de esclarecer sus actuaciones con la expectativa que se ha creado a propósito de la entrevista que desde antes de la citación tenía pautada para el lunes 18 de abril con los telediarios Uno más Uno y El Día, de los canales 2 y 11. El mismo ha adelantado que se referirá al caso Quirino y a otros asuntos en los que ha sido involucrado.

Tendrá también la oportunidad de formular sus precisiones sobre las denunciadas irregularidades del Plan Renove, por el que están siendo procesados varios funcionarios de su gobierno, y por el que autoridades judiciales también amenazan con interrogarlo.

La reacción de Mejía cuando fue citado por la fiscalía el miércoles fue de que asistiría, llegando a decir al día siguiente que estaba feliz porque eso le permitiría importantes formulaciones sobre el caso Quirino y otros, en clara actitud de contraofensiva. Como elemento positivo quedó su resolución de atender el llamado, reivindicando el principio de que nadie está por encima de la justicia.

CÍRCULO POLÍTICO DOMINICANO

Las circunstancias por las que atraviesa Hipólito Mejía demuestran la “circularidad” de la política dominicana, ya que guardan similitudes con lo que ocurría hace cuatro años cuando él era el presidente y Leonel Fernández su antecesor.

Las persecuciones judiciales contra funcionarios de la anterior administración del PLD comenzaron el 20 de noviembre del 2000, poco antes de los 100 días del gobierno de Mejía, con la detención del ingeniero Félix Bautista, quien fuera encargado de obras del Estado, y tres contratistas acusados de sobrevaluar en 50 millones de pesos la carretera San Juan de la Maguana-Vallejuelo. Casi cuatro años después serían descargados, y desde el primer momento se dijo que podrían interrogar al expresidente Fernández.

Tres días después se produjo la detención y el sometimiento a la justicia de un grupo de exfuncionarios peledeistas, acusados de asociación de malhechores, estafa, desfalco, falsedad en escritura pública, prevariación y robo, en relación al PEME. Los detenidos fueron Luis Incháusti, y su hermana Grecia Peguero, Diandino Peña, Simón Lizardo Mézquita, Haivanjoe Ng Cortiñas, Noé Camacho Ovalle y Antonio López Mata. Se les acusa de haber distraído mil 458 millones de pesos.

Casi 4 años después, el 18 de noviembre pasado, también al llegar a los 100 días del gobierno, un grupo de perredeistas fue apresado y sometido a la justicia bajo cargos similares en el Plan Renove, también por más de mil millones de pesos. Los encausados son Pedro Franco Badía, Siguió Ng de la Rosa Diógenes Castillo, Milcíades Amaro, Fabio Ruiz, Ramón Emilio Jiménez, Angel Rondón, Gervasio de la Rosa, Antonio Marte y Sam Goodson.

En uno y otro caso tanto los acusados como sus partidos y los expresidentes Fernández y Mejía han aducido persecución política. Hace 4 años el PLD dijo que el PRD era una amenaza para la democracia y anunció una campaña internacional de denuncias. Al día siguiente fue que los integrantes de su Comité Político fueron a la Procuraduría General para “constituirse en prisión”, una figura inexistente y sin precedente en el país. El Procurador Virgilio Bello Rosa dijo que contra el exmandatario no existía denuncia, querella o citación o mandamiento alguno que justificara apresarlo.

El 25 de enero del 2001, el doctor Leonel Fernández fue interrogado sobre el PEME durante 5 horas por la jueza Esther Agelán Casasnovas, en calidad de testigo. El 6 de junio la jueza de instrucción dicta no ha lugar a favor de Fernández y de Cortiñas, pero decide que procede procesar al resto. Fernández volvió donde ella el 14 de junio para apelar el dictamen, por entenderlo improcedente en su caso, ya que había sido interrogado como testigo. Cuatro años y medio después este proceso sigue en la justicia, sin haber pasado de la etapa de instrucción y todos sus implicados están en libertad bajo fianza.

Leonel Fernández sería citado por el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General para interrogarlo el 30 de agosto del 2001 sobre irregularidades en una cuenta especial para “Construcción y Reconstrucción de Obras Prioritarias, entre enero y agosto del 2000. Se aducían irregularidades por mil 427.6 millones de pesos.

En carta del 3 de septiembre, el exmandatario se negó a acudir a la cita restándole calidad al DEPRECO, por cierto creado en su gobierno, para interrogarlo. Su partido lo respaldó. Pero tras escarceos y mediaciones se produjo el interrogatorio el 20 de septiembre, después del cual el procurador Bello Rosa dijo que el presidente no ejecuta obras y que no había razón para acusarlo. Aunque finalmente el DEPRECO elaboró un expediente acusatorio contra varios funcionarios, el mismo quedó engavetado en la Procuraduría General.

En todo el proceso el presidente Mejía sostuvo en unas diez ocasiones que a su antecesor no debían molestarlo, porque los expresidentes merecen consideraciones especiales.-