POR M. JIMÉNEZ
El presidente Leonel Fernández dijo ayer que llegó la hora en que el Estado se ha decidido a utilizar todo su poder contra el narcotráfico y ordenó a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) coordinar todas sus acciones con la Policía y las Fuerzas Armadas para desmantelar los puntos de venta de drogas que existen en el país. 

Expresó que para el cumplimiento de esta misión se necesita de todo el apoyo de la justicia y anunció la  próxima convocatoria del Consejo Nacional de Seguimiento a la Reforma Procesal Penal para discutir exactamente cuál ha sido la experiencia  que se ha tenido en el país en la aplicación de las nuevas normas procesales.

Se quejó de que ciertamente mucha gente esta siendo puesta en libertad y adelantó que en esa reunión indagará cuál es el procedimiento que se está siguiendo en estos casos y bajo cuáles fundamentos se está actuando.

Incluso, anunció Fernández, “vamos a examinar todos los expedientes para ver por qué” esa gente es puesta en libertad”.

Fernández reconoció que las autoridades antinarcóticos no han sido exitosas hasta la fecha en el desmantelamiento de los puntos de drogas, pero aclaró que esto se ha debido a que no ha existido la coordinación necesaria con la Policía, las Fuerzas Armadas y los restantes organismos de seguridad e inteligencia del Estado.

El presidente habló en rueda de prensa al término de una reunión de mas de dos horas con las autoridades que integran el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, celebrada en la sede de la DNCD, en esta capital, para evaluar las medidas anunciadas el 24 de julio pasado para combatir la ola de violencia y de delincuencia.

Explicó que las agencias del Estado seguirán concentradas en el decomiso de los grandes cargamentos de drogas que llegan al país, pero al mismo tiempo “hemos afinado la coordinación que tiene que hacerse entre la DNCD, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el desmantelamiento de los puntos de venta de drogas”.

En esta misión, dijo Fernández, trabajarán también el Departamento Nacional de Investigaciones y los restantes organismos de inteligencia y seguridad del Estado.

“Por razones que no vienen al caso analizar, lo cierto es que no hemos sido eficaces en esa labor y aquí vamos a trabajar la policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de la República para, respetando las normas establecidas en el procedimiento penal, proceder a realizar las acciones de lugar para que se produzca el desmantelamiento de esos centros de drogas en los barrios”, dijo Fernández.

Pero dijo que en esta parte se necesitara de la plena cooperación de la justicia “porque no hacemos nada con producir los allanamientos, los arrestos y los sometimientos y que a la semana la gente esté en libertad con una fianza o porqué encontró algún tipo de tecnicismo legal que le permita volver a esta acción delictiva”.

Reiteró la conexión que atribuye al auge de la violencia en el país con el tráfico de drogas y al hecho de que en los últimos seis o cinco años se ha creado un mercado de consumo que no existía anteriormente.

“Pero ha llegado el momento de que nosotros aquí seamos mas eficaces y apretemos el combate a ese micro-tráfico (de droga) que ha estado de su cuenta en el tiempo”, dijo.

Insistió en que de lo que se está hablando es del desmantelamiento de todos los centros de drogas en los barrios de la capital y pueblos del interior del país, pero bajo la coordinación de todos los servicios de inteligencia del Estado y la justicia.

“Este país no puede darse el lujo de perder el sosiego y la tranquilidad que siempre hemos tenido, y si se creen que podrán seguir actuando impunemente llego la hora de entender que el Estado Dominicano está decidido a utilizar todo su poder, todas sus fuerzas coercitivas para asestarle un duro golpe al  narcotráfico, sentencio Fernández.

CONVOCA CONSEJO

Al insistir en la necesidad de que las autoridades represivas cuenten con mayor respaldo de la justicia en esta misión, el Presidente Fernández anuncio que próximamente convocará al Consejo Nacional de Seguimiento a la Reforma Procesal Penal para discutir qué experiencia se ha tenido en la aplicación de las nuevas normas.

Aclaro que no le parece correcto que en el país se inicie un debate en torno a si el nuevo Código Procesal Penal es bueno o es malo “porque ese es el Código que hay”.

Fernández dijo que su interés es discutir concretamente la experiencia en su aplicación y que si existen algunas normas que no son buenas, “las podamos cambiar”.

Destacó que, por ejemplo, en este Código hay una nueva figura que se llama el Juez de Ejecución de la Pena que tiene la potestad para decidir, antes del cumplimiento de la pena impuesta a un condenado, su puesta en libertad.

“Lo que me interesa saber es, por ejemplo, cuál es el criterio que se utiliza para esas decisiones”, dijo Fernández. “Pueden ser buenos criterios o pueden no ser tan buenos, pero determinar en base a qué, cuál es el fundamento que se emplea”, se preguntó.

Fernández dijo que se examinaran los expedientes de las personas que han sido puesta en libertad para ve por qué han sido beneficiadas “y si tenemos algunos reparos lo haremos en su debido momento, pero respetando siempre el principio de separación de los poderes públicos”.

Aclaro que no quiere que su decisión se vea como una intromisión en los asuntos del Poder Judicial, pues en allí el Ejecutivo esta representado por el Procurador General de la República, “pero esto es algo que nos compete a todos”.

Puso de ejemplo lo que ocurría con los allanamientos, que había jueces que tardaban hasta dos semanas para autorizar una requisa a la Policía. “Pero conversamos con los jueces, y ya lo estamos acelerando”, comento Fernández.

Dijo que también es necesario examinar los casos de personas reincidentes en la comisión de delitos para que estas no salgan en libertad tan rápidamente. “No es posible que este esfuerzo que estamos haciendo para agarrar a la gente presa que a los dos días nos lo pongan en libertad, comento el mandatario.

Insistió en que llego la hora que para frenar la delincuencia “la justicia tiene que ser también mas severa”.

En la reunión, que se extendió desde las 11:30 de la mañana hasta la 1:40 de la tarde, participaron los secretarios de Interior y Policía, Franklin Almeyda y de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Aquino; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Bernardo Santana Páez; el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez y el Director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), vicealmirante Sigfrido Pared Pérez. Además, el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, mayor general Rafael Ramírez Ferreiras; la Presidenta del Consejo Nacional de Drogas, Melba Félix; y el Asesor Presidencial en la lucha contra el narcotráfico, Marino Vinicio Castillo.