El ex secretario de Agricultura, Manuel de Jesús Amézquita, sugirió que la revisión que promueve la Asociación de Representantes y Fabricantes de Productos Agroquímicos (AFIPA) al reglamento 322-88 sobre Uso y Control de Pesticidas, sea hecha mediante un consenso total, en el que participen los productores nacionales.

Amézquita hizo un llamado para que los productos genéricos agropecuarios, veterinarios y de medicina humana no sean sacados del mercado.

Dijo que en esa discusión deben participar los importadores, fabricantes, técnicos, los productores nacionales tanto los del campo como de la ciudad y todo el que tenga que ver con el accionar del uso de pesticidas y productos agroquímicos en el país.

Indicó que el secretario de Agricultura debe ser el convocante de los sectores en los que debe incluir a los productores de Constanza, de San Juan de la Maguana y los que se han ubicado en los alrededores de la ciudad y los que están sufriendo en carne propia el costo de producción de la agricultura dominicana.

Informó que junto a miembros del equipo técnico del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC)  analiza el contenido de la propuesta de modificación del reglamento 322-88 que hace AFIPA para fijar su posición definitiva, pero adelantó que se hará la defensa de la presencia de los genéricos en el mercado nacional por su importancia en los costos de producción de la agropecuaria y su impacto en beneficio de los consumidores.

«Los genéricos, ¿por qué hemos defendido su uso?, porque estos vienen abaratar el costo de producción; si abaratamos el costo de producción, podemos llevar alimentos más baratos a la población. No solamente son los productores los que se benefician, sino también los consumidores».

Amézquita señaló que no está totalmente en desacuerdo con la propuesta de modificación que hace AFIPA al reglamento 322-88 » lo que estoy es sugiriendo que tanto esta entidad como ANIMPA, los fabricantes e importadores de productos veterinarios, los técnicos gubernamentales, los de los partidos políticos, los funcionarios, los productores busquen el consenso alrededor de un reglamento con igualdad de condiciones y transparencia para todos, pero siempre poniendo el interés nacional por encima del interés particular».

Dijo entender que la dilación del secretario de Agricultura en tomar carta como árbitro del sector agropecuario deberá obedecer a que el ingeniero Romero espera que surjan más opiniones y fluyan todas las propuestas y los debates sobre el particular, porque sabrá que su decisión es fundamental porque afecta o beneficia a las mayorías del pueblo dominicano.

Es por eso, que el problema no pueden limitarse al punto de vista de los importadores y fabricantes ni de los usuarios exclusivamente, debe hacerse una consulta lo más amplia posible, subrayó.

Y si eso va a beneficiar a los consumidores que son la mayoría entonces deben buscarse alternativas y dentro de ella la que menos afecte al final, arguyó Amézquita.

Sostuvo que hay que proteger el interés nacional, porque un producto patentizado que cueste por ejemplo 50 pesos, se puede conseguir sin marca por 20 pesos y tiene el mismo resultado y calidad.

«Entonces todos los productores son beneficiados, y por ende si yo bajo costos de producción, puedo poner en el mercado mi producción, puede ser más barata y puede consumida en mayores cantidades por los dominicanos», razonó Amézquita.

El ex-titular de agricultura precisó que el gobierno es el menos indicado para poner al borde del precipicio a los productores nacionales que tendrán que competir en un mercado abierto con productos y productores que son altamente subsidiados por sus gobiernos.

Pidió evitar que los productores del campo sean afectados con la salida de los productos genéricos, sobre todo tomando en cuenta que no reciben subsidios, tienen créditos  escasos y limitados y carecen de asistencia técnica a tiempo, están expuestos a los efectos negativos de los fenómenos naturales, la subida y bajada de los precios, por lo que la agropecuaria es una labor de alto riesgo.

Los productores debemos tenerlos protegidos, estimulados y que puedan tener buenos precios por los productos que ofrecen en el mercado, precisó Amézquita.

Recordó que el campo genera por encima del medio millón de puestos de trabajo y que éstos se reducen en la medida en que los costos de producción suben y también son afectados los consumidores si se sacan las alternativas para privilegiar determinados productos o marcas.