POR LLENNIS JIMÉNEZ
El síndico del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, fue acusado por dos empresas que reclaman que les entreguen el área verde de la avenida Los Próceres a esquina John F. Keneddy y que exigen del Ayuntamiento el pago de RD$40 millones por daños a la propiedad que reclaman, reveló ayer en el Sala Capitular el regidor Julián Roa.

Roa denunció que las compañías Dalmau, C. por A., y Fomento de Poblaciones, C. por A., interpusieron una demanda contra Salcedo, quien ahora enfrenta un juicio en la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.

El presidente de la Sala Capitular, Gabriel Castro, designó una comisión especial para que investigue a fondo los casos de las áreas verdes del Distrito Nacional que están en manos de particulares, en medio de una sesión ordinaria en la que el regidor Omar Ramírez declaró que varios establecimientos comerciales ocupan las aceras de la avenida 30 de Mayo, a la altura del kilómetro siete.

Roa dijo que el pasado viernes se inició el juicio por supuesta violación del Ayuntamiento a la propiedad y los alegados daños que las compañías dicen haber tenido en el área de Los Próceres.

Explicó que las empresas Dalmau y Fomento de Poblaciones alegan tener un decreto del año 1973 que les otorga los derechos, pero dijo que tendrá que buscar la manera de que el gobierno les resuelva eso en sus apropiaciones, porque no están dispuestos a ceder las áreas verdes propiedad del Distrito Nacional.

Como presidenta de ambas compañías figura Isabel María Irene Dalmau y como vicepresidente de las dos entidades Alfredo Dalmau, representados por los abogados Virgilio Bello González y Reynaldo de los Santos.

Por medio de la oficina Bello Rosa y Bello González, el abogado Rosa González acusa a Salcedo y al Ayuntamiento de violarles su propiedad, al entrar a sus terrenos a causarles daños. En la querella interpuesta en acción civil, Rosa González demanda al síndico por permitir que el día seis de diciembre del 2004, una brigada de empleados del Ayuntamiento invadiera la propiedad de Los Próceres y cortara los árboles sin autorización. Acusa a Salcedo de abusar de la autoridad que le confiere su posición al ordenar la invasión y allanamiento de una propiedad privada.

El regidor Rosa entregó a redactores de HOY copia del expediente que interpusieron las compañías, en la que figura el auto de la audiencia que fijó el tribunal tratando de solucionar el caso en conciliación y la solicitud que posteriormente hizo el Ayuntamiento para que se aplazara la audiencia en la que se conocería el fondo del caso.

Declaró que le interesó ir al juicio que se hizo el pasado viernes porque se trataba del síndico y del Ayuntamiento.

Declaró que en audiencia y viendo el informe del caso se dieron cuenta de que lo que se trata es de las empresas quieren que se les entregue el área de amortiguamiento ubicada en la avenida de Los Próceres esquina Abraham Lincoln, exactamente debajo del elevado.

Expresó que en el área habían alrededor de 60 matas de pino, sembrados por el Ayuntamiento, en la gestión pasada.

Sostuvo que se alega violación al área porque el actual cabildo entró a ella, «pero cuando las matas fueron sembradas por el Ayuntamiento esas empresas Dalmau y Fomento de Poblaciones no sometió a nadie por violación de propiedades. De manera extraña, esos pinos se secaron y se secaron todos».

Señaló que recuerda que le parecía extraño que esos pinos se hayan secado y los del área contraria estuvieran verdes.

Indicó que la empresa Magna Motors, S.A., le envió una carta a Salcedo, en la cual le pidió al síndico y al Ayuntamiento que proceda a sanear el lugar, debido a que las ramas de los árboles caían a la calle y ocasionaban accidentes.

Precisó que en virtud de sus atribuciones para cuidad y preservar las áreas verdes, el Ayuntamiento procedió a cortar los pinos secos y a dejar los pinos verdes.

«Pero este señor, el doctor Bello Rosa González o la empresa Fomento de Poblaciones y Dalmau, a través de su abogado, procedieron a someter al Ayuntamiento y al síndico, y pedirle al juez además, de condena de prisión, una indemnización de RD$40 millones contra el Ayuntamiento».

Pidió a la Sala Capitular que la comisión de regidores que sea apoderada, trabaje en lo que tiene que ver con los derechos de propiedad que plantea la empresa que tiene sobre el área verde, las calles, avenidas y todo.