POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Aunque son muchas las reformas políticas que se han efectuado en la República Dominicana, especialmente en los últimos doce años, todavía quedan por ejecutar algunas que son consideradas claves para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional.

Algunas de esas reformas políticas y constitucionales han sido determinantes de los avances registrados en el sistema electoral dominicano, gracias a los cuales las últimas 5 elecciones han sido consideradas libres, con muy escasas impugnaciones, y tres presidentes se han sucedido consecutivamente con toda normalidad.

Entre las normativas que se consideran urgentes está una ley que rija el orden democrático y el financiamiento de los partidos políticos, otra para la creación de una fiscalía nacional electoral y una tercera sobre las campañas electorales y el uso en las mismas de los medios de comunicación.

 Por nuevas reformas

Durante este fin de semana el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) ha reunido en un hotel de Boca Chica a decenas de dirigentes políticos y sociales, funcionarios electorales y legisladores en un seminario denominado “Reformas Electorales Pendientes: Fortalecimiento del Sistema Electoral”.

El Director General de elecciones, Gilberto Cruz Herasme, el presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional, Mariano Rodríguez, varios exjueces electorales, expertos en la materia, legisladores y dirigentes de por lo menos cuatro partidos políticos figuraban entre los expositores.

Un decálogo de propuestas ha presentado PC a consideración de los participantes, comenzando por el fortalecimiento del órgano electoral, una ley de partidos políticos, la institución de una fiscalía nacional electoral, y normativas para regir las campañas electorales y el uso en las mismas de los medios de comunicación.

También se propone a discusión un proyecto de ley de participación social, y reformas referentes al uso de los recursos del Estado en las campañas, separación del nivel congresional de elecciones y revisión de la cuota femenina, la institución del voto electrónico y la posible realización en un mismo año de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales.

Así mismo, PC somete a consideración general una serie de normativas que pueden adoptarse por resoluciones o reglamento de la Junta Central Electoral para la automatización del Registro Civil, actualización del padrón electoral, desbloqueo de las listas de candidatos, sobre el escrutinio en las juntas electorales, establecimiento de una carrera administrativa electoral y de un código de ética electoral.

La mayoría de esas propuestas han sido ampliamente discutidas con anterioridad en diversos escenarios políticos y sociales, con principio de consenso, y sobre algunas de ellas ya hay proyectos de leyes en manos del Congreso Nacional, como los de partidos políticos y el de Participación Social.

Las más importantes

La agenda propuesta por PC está encabezada por una reforma que garantice el consenso en la elección de los jueces electorales. También para separar “de manera más efectiva sus funciones jurisdiccionales y administrativas, evitando las dobles competencias y la falta de una clara unidad de mando que dificulta la operatividad del organismo”.

La última reforma a la JCE amplió a nueve el número de jueces y estableció tres instancias dentro de la misma institución: el pleno de jueces y las cámaras Administrativa y Contenciosa.

Pero diversos sectores habían abogado, y lo siguen haciendo, por una separación completa de las funciones electorales en dos organismos diferentes, como rige en muchos países, uno para la organización y reglamentación de los procesos electorales, y el otro un tribunal que conozca las instancias contenciosas.

En el reciente proceso electoral, el primero que se efectuó tras la reforma del 2003, se advirtió que la totalidad de los jueces siguieron participando en las funciones organizativas y reglamentarias.

Para regir los partidos políticos ya hay un proyecto bajo estudio de una comisión legislativa. El objetivo fundamental es garantizar mecanismos más democráticos que normen el funcionamiento de los partidos y la elección de sus candidatos, su financiamiento, creación y extinción.

Este proyecto fue fruto de un proceso de concertación encabezado por la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, que en el anterior gobierno del presidente Leonel Fernández encabezó el doctor Onofre Rojas. Participaron dirigentes de los partidos mayoritarios y de numerosas organizaciones sociales.

Es notable que aunque hubo amplio consenso sobre la pieza, han pasado más de cuatro años sin que sea definitivamente aprobado por los legisladores de los mismos partidos representados en el consenso.

Otra reforma ampliamente consensuada es la contenida en el Anteproyecto de Ley de Participacion Social y Ciudadana, fruto de un amplio proceso de consultas en el que participaron decenas de organizaciones de la sociedad civil, bajo la coordinación del Programa de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil, auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Este anteproyecto tuvo también consenso de funcionarios gubernamentales, del Consejo Nacional de Reforma del Estado y de legisladores de diferentes partidos. Sigue pendiente de avance.

Fiscalía y campañas electorales

Como se dice que los muertos y las agresiones de la campaña electoral, lo mismo que los abusos de recursos estatales no se pagan, desde la campaña electoral del 2002 se viene impulsando la idea de crear una Fiscalía Nacional Electoral, con la misión de perseguir ese tipo de delitos.

Por lo menos en El Salvador y Panamá ya se ha creado esa figura jurídica cuya existencia es un disuasivo para los delitos de corte electoral, especialmente la violencia que en cada campaña cobra varias vidas en el país.

Esa legislación conllevaría una reforma a la ley electoral para sancionar cualquier uso de recursos estatales en las campañas electorales.

En cuanto a la regulación de las campañas y del uso de los medios de comunicación, de lo que se trata es de “limitar el uso del espacio público, las manifestaciones y bandereos” así como estimular la promoción de los candidatos a través de sus propuestas programáticas y, finalmente, garantizar un uso equitativo de los medios de comunicación.

Se ha hecho práctica común que al final de las campañas electorales los que tienen más dinero tratan de monopolizar los medios de comunicación electrónicos, contratando emisoras radiofónicas y canales televisivos por decenas, a menudo impidiendo que sean utilizados por los competidores.

Otra reforma importante en orden a garantizar la libertad de elección, es la separación de la votación por candidatos a senador y diputados, de manera que el elector o electora pueda hacer combinaciones de dos partidos, de acuerdo a sus preferencias. En otras palabras que el voto por el senador no arrastre a los diputados.

Doce años de reformas políticas

Las graves irregularidades registradas durante las elecciones de 1990 y 1994, a causa del irrefrenable continuismo del doctor Joaquín Balaguer en el poder, generaron un estado de presión de los partidos opositores y de la opinión pública que creó las condiciones para el inicio de un programa de reformas políticas.

El gran marco de esos avances institucionales lo constituyó la reforma constitucional de 1994, que fue la transacción propuesta por el entonces líder del Partido Revolucionario Dominicano José Francisco Peña Gómez para saldar la crisis derivada del evidenciado fraude electoral de ese año.

Esa modificación adelantó en dos años los siguientes comicios presidenciales, (el pacto original establecía dos años y medio), separándolos de los congresionales y municipales para evitar el “arrastre”. Se prohibió la reelección presidencial, se instituyó la mayoría absoluta para ser electo presidente de la República y se establecieron los “colegios electorales cerrados” .También se dio a dominicanos y dominicanas la posibilidad de optar por una segunda nacionalidad sin perder la original.

En 1997 se hizo una profunda revisión a la ley electoral que aprobó el Consejo de Estado en 1962 para las primeras elecciones tras la liquidación de la tiranía de Trujillo, que apenas había tenido ligeras modificaciones en 35 años. Fue sustituida por la ley 275-97.

Esa reforma amplió el número de jueces electorales de 3 a 5, instituyó las circunscripciones electorales y el voto preferencial para diputados y regidores, el financiamiento público de los partidos políticos, y el voto en el exterior del país. También modifica las condiciones para el reconocimiento y la extinción de los partidos. Se establece una cuota del 25 por ciento para las mujeres en las candidaturas.

Una nueva reforma electoral realizada en 1999 aumenta los integrantes de la Junta Central Electoral a 7, en tanto se realiza un nuevo empadronamiento electoral fotográfico, con carnet de foto integrada.

Dos leyes del año 2000 elevan la cuota femenina a los cargos electorales al 33 por ciento y obligan a alternar hombres y mujeres en las candidaturas a la sindicatura y la vicesindicatura.

Otra reforma del 2003 eleva a 9 el número de los jueces electorales, y separa las funciones administrativas y contenciosas del organismo.

En el 2004 se introducen modificaciones al sistema de cómputo, con la plastificación y el escanner de las actas.-