POR FAUSTO SOTO
BANÍ. Familiares, autoridades judiciales, policiales y dirigentes gremiales de Baní se pronunciaron a favor de que el Gobierno construya una cárcel en la provincia de San José de Ocoa, debido a que constituyen la gran mayoría de la población carcelaria de esta ciudad.

Afirman que los gastos de cuido, protección, alimentación, de salud y transporte de los reclusos que guardan prisión en la cárcel de Baní se elevan cada día y las condiciones de hacinamiento en que conviven los presos se hacen cada día más precarias.

En este pedido coinciden el procurador fiscal de Peravia, Víctor Cordero; el general Reynaldo Antonio Mauricio Moreno, director regional Sur Central de la Policía Nacional; el licenciado Miguel Soto Presinal, secretario general de la seccional del Colegio de Abogados de la República Dominicana; el médico legista asignado a la cárcel pública, Walter López; el encargado del Penal, Obdulio Aristy; y familiares de los reclusos entrevistados por este reportero.

De los 468 hombres que guardan prisión en la cárcel pública de aquí, 253 han sido enviados desde la provincia San José de Ocoa, uno de Jimaní, 20 de la capital, tres de Azua, 16 de San Cristóbal y 215 son de Baní. Otras 11 mujeres están recluidas en la cárcel preventiva anexa al Palacio de Justicia de Baní.

Para el fiscal provincial, Víctor Cordero, luego de la creación de la provincia de San José de Ocoa, y su separación de la provincia Peravia, las autoridades judiciales y del gobierno debieron disponer la construcción de una cárcel ya que dijo- «fueron creados los tribunales de justicia, se nombró un gobernador civil, se creó un Departamento de la Policía Nacional, entre otras cosas, pero no se determinó construir una cárcel pública, teniendo entonces las autoridades judiciales de Baní que asumir el costo de los presos ocoeños».

Mientras que para el general de la Policía Mauricio Moreno, la existencia de una cárcel pública justo en el lugar donde funciona un Comando Regional de dirección e inteligencia y prevención de la delincuencia, le resta en gran medida capacidad operativa a los policías bajo su mando, debido a que de los 172 policías que tiene asignada la provincia Peravia, 35 tienen que prestar servicios de vigilancia, traslado y protección de los reclusos de la cárcel.

De su lado, el presidente de los abogados y abogadas de la provincia Peravia, Miguel Soto Presinal, sostiene que el gobierno debe disponer y ampliar cuanto antes la rehabilitación de una cárcel que funcionó en la fortaleza del Ejército Nacional en el hoy distrito municipal de Sabana Larga, en Ocoa, para alojar los presos de esa jurisdicción.

Soto Presinal pidió a las autoridades del Ministerio Público y de la Suprema Corte de Justicia que unan esfuerzos para evitar causar más traumas económicos y sicológicos a los familiares de los presos de Ocoa en la cárcel de Baní.

SITUACIÓN DE LA CÁRCEL

De acuerdo con datos suministrados por el alcalde de la cárcel, Obdulio Aristy, en la misma funcionan dos recintos, el patio grande y el chiquito, donde hay 9 instalaciones sanitarias de las cuales apenas una funciona con normalidad; funcionan tres colmados, 12 compraventas y cuatro o cinco paleterías.

«Los días de visita de los familiares a los reclusos son los miércoles y domingos de cada semana; los Comedores Económicos suministran la comida del mediodía, mientras que el desayuno y la cena es preparado por los reclusos, aunque es bueno decir que los familiares le traen parte de los alimentos que ellos consumen», dijo Aristy.

Mientras que el médico legista, Walter López, asignado a prestar servicios de salud a los presos, considera que la superpoblación de la cárcel de Baní se debe a la presencia de presos de Ocoa, indicando que la reconstrucción de la cárcel se realizó durante el gobierno del fenecido presidente Antonio Guzmán en el año 1981 y estuvo diseñada para una población carcelaria de 175 reclusos.

«Favorezco la construcción de una cárcel en Ocoa. Las condiciones en que conviven los presos es precaria; hay presos que duermen en los baños, y sus necesidades fisiológicas tienen que hacerlas en fundas plásticas que son lanzadas a un pozo séptico que las envía al río Baní».

López denunció que en el recinto carcelario hay un brote de escabiosis o rasquiña, la cual atribuyó al poco suministro de agua potable y a las condiciones de hacinamiento en que conviven los reclusos, de los que dijo muchos de ellos duermen en los pasillos.

LOS FAMILIARES

La licenciada Nancy Calderón, cuyo esposo está preso en Baní acusado de posesión de drogas, expresó que tanto ella como la madre de éste, Miriam Ramos de Melo, gastan como promedio RD$20,000 mensuales al tener que trasladarse desde Santo Domingo a visitar a su familiar, luego de ser apresado en San José de Ocoa por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando visitaba a familiares.

Tanto ellas como Yajaira Mordán, Fátima Cuello, Maximinia Mateo, Deysi Castillo, Elsa María Santana, Juderka Amelia Lara, Martha Ozuna, Manuela Lara y María Custodio, entre otros familiares de los presos de Ocoa en la cárcel de Baní, pidieron al Gobierno que inicie la construcción de una cárcel en la jurisdicción de San José de Ocoa.

Coincidieron en expresar que es un gran sacrificio tener que trasladarse desde Ocoa hacia Baní dos y tres veces a la semana, no solo para visitar a sus familiares, sino también cuando tienen que traerle alimentos, dinero, ropas y hasta buscarle el transporte hacia el tribunal cuando tienen causa en los tribunales de OCOA, porque desde Baní no hay ni siquiera un vehículo de servicio para los presos.

Anteriormente el presidente de al Suprema corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, dijo que era una necesidad la construcción de la cárcel pública en Ocoa para evitar de el traslado de los reclusos a Baní.

Asimismo, se ha revelado que a partir de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, el número de personas acusadas de violar las leyes recluidas en la cárcel de Baní ha disminuido considerablemente, lo que no ha sucedido con la cantidad de presos que cumplen condenas definitivas de los tribunales judiciales, situación que en gran medida explica el aumento de la población carcelaria de Baní.