Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia, dos  entidades de la sociedad civil, reclamaron ayer la eliminación del denominado “barrilito”. La petición, hecha por separado, es en reacción a las revelaciones de la periodista Alicia Ortega sobre el uso de  fondos millonarios para favorecer a parientes, a trabajadoras domésticas y para hacer aparecer en nóminas a personas ya fallecidas.

 Javier Cabreja y Servio Tulio Castaños coincidieron en criticar que los congresistas reciban recursos  para ejercer funciones que no les son facultativas y ayuden a la proliferación del clientelismo político.

El presidente del Senado Reinaldo Pared Pérez consideró ayer reprochable e inaceptable el nepotismo detectado por un programa de televisión en las oficinas de numerosos miembros del hemiciclo, a quienes exhortó a sustituir los familiares y allegados que han nombrado.

La solicitud de Pared Pérez fue acogida de inmediato por los voceros de los bloques peledeísta, Francis Vargas; perredeísta, Roberto Rodríguez, y reformista, Félix Vásquez.

Significó que el nepotismo en las nóminas de los senadores, evidenciado por la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe, que difunde por Antena Latina, perjudica la imagen de los legisladores.

Condena.  “Yo condeno ese tipo de proceder y voy a impartir instrucciones para que proceda a las sustituciones”, dijo Pared Pérez.

 El presidente del organismo legislativo advirtió que si los senadores no lo hacen voluntariamente, “tomaré medidas”.

Consideró que si en las nóminas de las oficinas de los senadores hay familiares de ellos, deben sustituirlos por otras personas que no sean de su círculo íntimo.

Cuando se le preguntó si, como presidente del Senado, no fue él que aprobó esas designaciones, Pared Pérez explicó que cada senador somete un listado del personal que requiere en sus oficinas, sin que la presidencia tenga conocimiento de parentezco.

“Reitero que eso no cuenta con mi aprobación y ya algunos han empezado a sustituirlos”, dijo Pared Pérez, quien citó, entre éstos, a los senadores Francis Vargas, de Puerto Plata, y Félix Nova Paulino, de Monseñor Nouel.

Disciplina.  Al presidente del Senado se le preguntó si los senadores  que hayan incurrido en nepotismo serán sometidos a un tribunal disciplinario, cosa que, por el momento, desestimó.

   Informó que la periodista Ortega realizó la investigación con su anuencia.

Tras señalar que los datos sobre el Senado se le han facilitado a esa comunicadora en otras oportunidades, Pared Pérez recordó que la ley de acceso a la información pública establece que si esas informaciones se encuentran disponibles en la página de Internet, la institución no está obligada a darlos.

Finjus y PC piden eliminar “barrilito”

El movimiento cívico Partido Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) condenaron ayer las acciones “corruptas” de algunos legisladores a través del “barrilito” y pidieron la eliminación, por considerar que se le hace  daño al Congreso.

En reacción al trabajo de investigación de la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe y publicado en el periódico HOY, el director ejecutivo de PC, Javier Cabreja y el vicepresidente Ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, criticaron que los congresistas no cumplan con su verdadero rol, de ser un órgano de control de los demás poderes del Estado.

Entrevistados por separado, Cabreja y Castaños Guzmán, coincidieron en criticar el hecho de que los congresistas reciban recursos  para ejercer funciones que no les son facultativas y ayuden a la proliferación del clientelismo político.

Cabreja informó que PC se reunirá para evaluar ese tema y definir qué tipo  de acción van a desarrollar.   Señaló que el nepotismo y la corrupción en el Congreso  reflejan que  existe la disposición de muchos legisladores  de no acogerse a las normas generales que promuevan una mayor práctica ética en las instituciones. Dijo que esa práctica  es contraproducente a la realidad económica y social. “El barrilito es ilegal e inconstitucional, así como genera inequidad en la competencia electoral”, indicó. Para la Finjus el barrilito ha traído  distorsiones en las funciones que según las leyes y la Constitución tienen los legisladores.