Los partidos  y la JCE tienen ante sí el gran reto de evitar que para las elecciones congresionales y municipales venideras el narcotráfico se cuele en la política activa. El doctor Eddy Olivares, miembro de la Junta Central Electoral, hizo la advertencia ayer y dejó claramente establecido que la JCE sólo puede fiscalizar los aportes financieros estatales a los partidos, pero no los privados. Se trata de un tema puesto sobre la mesa en varias ocasiones, pues ante el auge del narco en el país algunos sectores estiman que penetrar los partidos está entre sus metas.

El doctor Eddy Olivares, miembro de la Junta Central Electoral (JCE), exhortó ayer al presidente Leonel Fernández y al liderazgo nacional a que asuman como un compromiso el evitar la elección por seis años, en los comicios del 2010, de legisladores y ediles contaminados con el narcotráfico y la corrupción. Advirtió que eso  constituiría un grave peligro para la democracia.

 Por otro lado, Olivares reveló que la JCE ha entregado a los partidos políticos para la campaña proselitista con miras a las elecciones de 2010 la cantidad de RD$219.4 millones en el primer semestre del año, a los que aportará otros RD$307.1 antes de finalizar el año, para un monto de RD$526.5 millones para el período.

 Expresó que para el 2010 se distribuirán recursos dependiendo del presupuesto que el Poder Ejecutivo asigne a la JCE, la cual, dijo, debe recibir los recursos adecuados sin tener que mendigar para la organización y montaje de los comicios congresionales y municipales próximos.

Corrupción y narco.    Olivares dijo que los partidos políticos y la JCE deben preocuparse por evitar que la corrupción y el narcotráfico permeen el accionar de los candidatos que serán electos por seis años como senadores y diputados, síndicos y regidores en los comicios del año próximo.

 Sostuvo que ese es el gran desafío de las organizaciones políticas y la JCE.

 Consideró que los partidos deben utilizar un protocolo común con reglas claras y precisas para la selección de sus candidatos a los puestos congresionales y municipales.

 “Espero que en las elecciones el presidente (Leonel Fernández) sea un garante de la transparencia en este proceso”, dijo el integrante de la JCE, quien agregó que el mandatario, como presidente del PLD, debe evitar que los candidatos peledeístas usen recursos públicos en la campaña.

Fiscalizar.   Olivares recordó que la Ley Electoral, número 275-92, faculta a la JCE a fiscalizar los fondos que entrega a las organizaciones políticas, pero dijo que la institución no tiene potestad para fiscalizar los aportes privados y advirtió que, de todas formas, “seremos sumamente drásticos en este sentido”.

 Favoreció que una nueva ley otorgue esta facultad  de manera que el organismo electoral pueda fiscalizar de forma clara y efectiva todos los recursos públicos y privados que manejan los partidos políticos.

 Olivares, quien fue entrevistado por el periodista Guillermo Gómez en el programa Aeromundo, que se difunde por Color Visión, señaló que hay mucha debilidad para fiscalizar incluso los recursos del Estado que se entregan a los partidos políticos.

Miles serán electos. El doctor Olivares dijo que en los comicios del 2010 miles serán electos, a razón de 32 senadores, 178 diputados, 154 síndicos y suplentes, 963 regidores y suplentes y, como algo novedoso, tres vocales por cada uno de los 239 distritos municipales.

Según la reforma a la Constitución, añadió el funcionario electoral, serían elegidos 22 diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Las cifras

526

Millones de pesos. Ésa es la suma que recibirán los partidos políticos este año para su accionar proselitista con miras a las elecciones de medio término del 2010.

219

Millones de pesos.  Del total, los partidos reconocidos ya recibieron RD$219.4 millones para el primer semestre del año.

307

 Millones de pesos.  En el segundo semestre, la JCE les entregará otros RD$307.1 millones, informó el doctor Eddy Olivarez, integrante de la institución encargada de organizar y celebrar las elecciones, quien añadió que espera que los poderes Ejecutivo y Legislativo acuerden el presupuesto adecuado para que la institución no tenga que mendigarlo.