El Comisionado General de la Suprema Corte de Justicia ante la Jurisdicción de Tierras dijo ayer que para fortalecer la seguridad jurídica y atraer la inversión extranjera es imprescindible la aprobación del Proyecto de Ley de Registro Inmobiliario.

El doctor Mairení Rivas Polanco hizo la afirmación, según dijo, al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, donde destacó la importancia que tiene el fortalecimiento de la seguridad jurídica.

Ante esta realidad informó que le pidió al diputado Pachecho

colocar en la agenda de ese cuerpo legislativo el Proyecto de Ley de Registro Inmobiliario y priorizar su aprobación.

Explicó que el proyecto, elaborado por el pleno del más alto tribunal de la República, y sometido originalmente al Congreso por el Presidente Hipólito Mejía, ya fue aprobado por el Senado.

Su conversión en Ley, según aseguró el doctor Rivas Polanco, no sólo cambiará el marco jurídico de la Jurisdicción de Tierras, cuya vigencia data de hace casi sesenta años, sino que agilizará el tráfico inmobiliario, «y consolidará un proceso de reforma institucional que servirá de modelo a otras naciones latinoamericanas».

Manifestó que el registro inmobiliario tiene claros efectos en el desarrollo financiero y en el crecimiento económico, ya que hay una innegable vinculación entre derechos de propiedad seguros y crecimiento económico. A la actividad le acompañaron la directora ejecutiva del Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras (PMJT), doctora Marisol Florén, el gerente general doctor Antonio Palmero y el doctor Angel Pappalardo, gerente del área de tecnología y capacitación

El doctor Rivas Polanco resaltó que la nueva Ley que se han propuesto procura viabilizar el concepto de la descentralización en los órganos de la Jurisdicción de Tierras, de modo que los problemas se resuelvan en las mismas jurisdicciones en donde surgen.

Además, procura aliviar los procesos mediante la desjudicialización, dado que prácticamente el 90 por ciento de los casos que manejan los Tribunales de Tierras son administrativos, y pueden resolverse con celeridad por la vía administrativa.

Sostuvo que ese proyecto es una respuesta adecuada para las reformas que son necesarias en estos momentos, además de que es el sustento legal del establecimiento de un moderno sistema de registro de tierras.

«En la historia de la República Dominicana ninguna institución ha sido objeto de un proceso de reforma integral más profundo y trascendente que el que se produce actualmente en la Jurisdicción de Tierras», expresó el doctor Rivas Polanco.

Agregó que dicha ley es un marco viejo y estrecho en el que no cabe el proceso de modernización que se está llevando a cabo en la Jurisdicción de Tierras.

Explicó que la Ley de Registro de Tierras vigente es un marco normativo centralizador que está atado a la tecnología, a los procedimientos y a la realidad del país en la década de los años 40.

Sin embargo, indicó, que la estructura territorial, la cantidad de habitantes, el número de transacciones inmobiliarias, el tipo de actividades productivas, la dinámica económica han cambiado dramáticamente desde entonces hasta hoy.

Dijo que las nuevas circunstancias creadas por el crecimiento y el avance del país plantean que el registro de tierras sea actualizado, para responder a realidades nuevas y para ponerlo a tono con las tendencias que en ese ámbito se están imponiendo en todo el mundo.