POR CLAUDIO CABRERA
El abogado y asesor de propiedad intelectual de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos que llegó al país hace días, Armando Irizarry, plantea las adversidades que confrontan los productores de obras de contenido intelectual, así como los dueños de patentes industriales, pero al mismo tiempo las oportunidades de negocios que representa para los países que se adentrarán al Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (RD-Cafta) desde julio de este año.

Entre los productores de obras de arte e invenciones respaldadas por una patente industrial actualmente se extiende la preocupación sobre cuál será el destino de los mercados en que tiende a crecer la venta y demanda ilegal de sus productos, fuera de la protección legal que les confieren las leyes de derechos de autor.

Un gran problema estriba en que la mayoría de los países en vías de desarrollo, entre los que figura la República Dominicana, o sencillamente naciones muy pobres, actualmente no cuentan con estándares de niveles de vida y el poder adquisitivo que les dé acceso a productos elaborados bajo protección de leyes de propiedad intelectual, pero a precios asequibles.

El problema incentiva la extensión de la denominada “piratería” en artículos fabricados en el exterior bajo el amparo de patentes, efectos y productos como medicinas, discos, películas, libros, programas de cómputos o “software” y otros artilugios, cuya presencia en las calles crece como la hierba.  

Por causa de la extensión de la demanda de esos productos que normalmente son vendidos a precios inalcanzables para el público de escaso poder de compra, un mercado paralelo de productos “piratas” aumenta de día en día.

Esto ha hecho que sea algo normal ver en plena calle a personas vendiendo productos “pirateados” sin controles legales, pero sirviendo de pivotes a grandes empresas que promueven productos ilegalmente elaborados y comercializados, cuyos dueños manejan negocios millonarios, pero sin pagar al fisco.

Para muchos dominicanos el fenómeno empezó a verse en las calles de los propios Estados Unidos y de Europa, pero ya se ha generalizado en todo el territorio dominicano, como otro de los males que nos acarrea la modernidad actual.

Como un prerrequisito

La aplicación de las normas y leyes relativos al respeto a la propiedad intelectual en la República Dominicana deben pasar a constituirse en uno de los prerrequisitos acordados mediante el RD-Cafta que ha sido acordado para entrar en vigencia a mediados de este año, lo cual beneficiará a los países que se acojan a esta legislación al atraer nuevas inversiones conjuntas para coparticipar en el mercado local.

El abogado especialista Armando Irizarry, asesor de propiedad intelectual de la Oficina de Políticas y Coordinación de Competencias de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, se encuentra actualmente en el país para ofrecer dos conferencias sobre el tema, en vista de la prevista inserción del país al esquema de integración subregional.

A su juicio, las autoridades deben apuntalar las leyes y arribar a posibles acuerdos con los países coparticipantes del nuevo esquema comercial, con el objeto de que tanto los consumidores como los proveedores de productos que impliquen el cumplimiento a la legislación de propiedad intelectual, sea observada.

Resalta que según las informaciones objetivas hasta ahora, el problema de la piratería de obras consideradas bajo protección intelectual no es exclusivo de los países latinoamericanos, sino que en gran parte del mundo se ha extendido debido a que las tecnologías que facilitan la falsificación se ha ido masificando como parte de la necesidad de que la población disponga de medios para asegurar más información.

Citó el caso de naciones de la región como Chile, así como  Jordania, en el Medio Oriente, donde mediante acuerdos con los propietarios de producción de obras donde se aplica una labor intelectual por parte de sus creadores, se protegen estos derechos, “pero al mismo tiempo, se obtienen los beneficios de obtener productos de gran calidad sin que engañen a uno, pudiendo contar con el derecho a reclamar si el producto no tiene el valor y la calidad que dice contener”.

Para el funcionario estadounidense de la Comisión Federal de Comercio, los casos de países que como República Dominicana muestran una creciente tendencia al incremento de la piratería de obras de arte de todo tipo, de libros y de medicamentos y hay que ponerle atención, ya que de persistir la tendencia revertiría el gran interés de inversionistas hacia el país.

Por los logros que ha obtenido República Dominicana al recuperar su economía a pesar de problemas confrontados, se ha suscitado un gran interés entre la comunidad inversionista internacional, quienes han puesto atención particular en la República Dominicana como destino de inversión en muchas áreas.

Se considera, incluso, muy posible que empresas productoras de artículos que contienen material elaborado bajo protección de leyes de propiedad intelectual puedan trasladar capitales hacia los países participantes del esquema, para efectuar inversiones conjuntas que permitan abaratar los costos de producción.

Tal es la oportunidad que se abre ahora al país y que puede ser aprovechada, ya que implica perseguir debidamente con leyes penales y civiles a quienes fomenten las violaciones al derecho de la propiedad intelectual.

Se vulnera inventiva

“El daño que efectúa la piratería a las posibilidades de desarrollar nuevos productos-sostiene el abogado Irizarry-, nuevos inventos de promover las iniciativas de los artistas e intelectuales de muchos países se agotan cuando la presencia de este problema no es perseguida por leyes adecuadas, ya que quienes hacen los esfuerzos para realizar nuevos productos que mejoren la calidad de vida de millones de seres humanos” se ven afectados en las posibilidades de ser retribuidos debidamente por estos actos de personas que se enriquecen con sólo copiar las obras originales de sus creadores”.

Irizarry dijo que aunque en todos los países de América Latina están presentes la piratería y las infracciones a las leyes de propiedad intelectual, se ha percatado de que ha sido desde hace poco que en el país se viene observando la extensión de este delito a la propiedad.

Refiere que lo mismo que afecta a creadores artísticos y productores de obras de carácter intelectual en los Estados Unidos, países de Europa y en Japón, igualmente daña los beneficios a los que pueden accesar los artistas y creadores dominicanos de obras de tipo intelectual, porque no obtienen los beneficios esperados ni pueden recuperar las inversiones efectuadas para su realización.

Considera como una oportunidad inaplazable para un país como la República Dominicana y los de Centroamérica que se empiece a acogerse a las normas y a discutir su reelaboración donde sea necesario, porque esto garantiza una mayor calidad en los productos que se suministran, pero que tienen alto contenido de creación intelectual, así como el respeto a una patente que les ampara para producirlos.

Tal es el caso de los medicamentos, los cuales mantienen, en algunos casos, en disputas a los laboratorios propietarios de marcas y de patentes registrados que amparan su elaboración y distribución a nivel mundial.

Irizarry plantea el caso de la elaboración de productos farmacéuticos, los cuales han sido elaborados por compañías piratas, las cuales en estos países, incluso, no observan la rigurosa calidad de los productos según los estándares mundiales y asequibles para la producción de fármacos.

“Esto lo que hace es incentivar la falsificación y hasta poner en peligro la salud y hasta las vidas de quienes consumen estos productos, muchas veces llamados genéricos, para evadir el cumplimiento del pago de las contribuciones bajo el acuerdo que implica el poseer una patente de fabricación”.

Afirma que el problema se agrava, por tanto, cuando son medicamentos, “porque cuando te tomas una pastilla y eres alérgica al componente, ¿A quién le vas a reclamar?”.

El especialista en derechos de autor y propiedad intelectual, Armando Irizarry, se desempeña actualmente como asesor de propiedad intelectual de la Oficina de Políticas y Coordinación de Competencias de la Comisión Federal de Comercio desde el año 2003.

Previamente se desempeñó como profesor visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de La Florida, entre el 2001 y 2002.

Entre 1994 y el 2001 fue socio del estudio de abogados Fish and Eave, con sede en Nueva York, como encargado de casos vinculados con litigaciones de patentes.

También trabajó en casos de compañías tales como AT&T, Exxon, Motorola, Gillette, entre otros, habiendo sido además ejecutivo de una importante empresa de computadoras de 1987 a 1991, ubicada en Puerto Rico.

Irizarry tiene amplia experiencia en temas de competencia, regulaciones y propiedad intelectual, habiendo participado en varios eventos internacionales sobre ese y otros temas. Recientemente estuvo en un evento organizado por el Ministerio de Economía de Bolivia, en coordinación con la Comunidad Andina.

Ha escrito varios artículos y publicaciones. Profesionalmente tiene una licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad de Puerto Rico (UPR), donde se graduó con honores cum laude en 1982. Además, realizó maestría en Ciencias Informáticas en la Universidad de Pennsylvania y un Doctorado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Michigan. Es miembro del Colegio de Abogados de Nueva York.