De plena validez es demandar que discurra con absoluto respeto al debido proceso y a los derechos que corresponden a quienes han de ser procesados por supuestos actos de voluminosa corrupción desde el Estado atribuida a varios funcionarios altos y medios de la pasada administración sometidos a una prolongada investigación en el marco de la operación Calamar antes de ser privados de libertad.

Pero lanzarse a denunciar al Ministerio Público como subordinado a directrices partidarias y de poder y dócilmente instrumentado para la retaliación y las actuaciones «meramente políticas», resulta desproporcionado y contrario a la impresión predominante, y al criterio de foros jurídicos independientes de que el órgano encargado de la aplicación de políticas judiciales se caracteriza por un ejercicio independiente, de funciones escapadas a poderosas influencias y supremacías ostensibles anteriormente.

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Falible, razonablemente, como todo obra humana, y esencialmente rebatible por definición al sustentar cargo en su persecución del crimen y defensa de la sociedad sin prevalerse; cuya verdad definitiva surge de la confrontación inherente a todo proceso en que son escuchados los prevenidos y defensores y el tribunal tiene la última palabra.

Un Ministerio Público sometido hoy en día, en diferentes niveles de responsabilidades, a los firmes predicamentos y adhesiones a los postulados del derecho y de igualdad procesal de su figura mayor: la doctora Miriam Germán.