A pesar de que nunca antes tantos sectores sociales se habían expresado al unísono para exigir que se cumpla la Ley General de Educación 66-97, que ordena que el sector educativo reciba un presupuesto anual mínimo equivalente al 4% del Producto Interno Bruto (PIB), se trata de un reclamo sostenido de hace varios años.

Contrario a lo que afirma el Ministerio de Hacienda, que en un comunicado manifiesta sorpresa porque se exija el cumplimiento de la ley, los esfuerzos por alcanzar el 4% se remontan al año  1998.

Cara magisterial.  Al frente de la lucha se ha mantenido la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que en 1999 inició la campaña “El cumplimiento de la Ley es también un asunto de la Patria”, en que pedía se cumpla con la inversión mínima del sector educativo.

Con el pasar de los años, la necesidad de una mayor inversión se fue haciendo cada vez más evidente por la imposibilidad de cumplir con  los planes decenales, el mal estado de las escuelas y los pobres resultados de desempeño estudiantil (por debajo a los demás países de la región).

Así lo afirmó la ex presidenta de la ADP, María Teresa Cabrera, quien recordó que la asignación mínima del 4% fue establecida por Ley luego de un extenso debate. Dijo que la cifra se queda corta para media de inversión en la región.

En un espacio pagado, publicado ayer en este diario, el Ministerio de Hacienda indica: “Llama la atención, y nos sorprende, que sea ahora cuando se exija el cumplimiento de la Ley de Educación 66-97, que desde su promulgación en  1997, nunca se ha cumplido”.

En el comunicado, Hacienda muestra una tabla con la inversión presupuestaria del sector educación desde los años 1996-2011, la que refleja que el Gobierno de Fernández a invertido más recursos. Sin embargo, el cuadro la asignación al sector educativo en general y no a la cartera educativa que es a lo que se refiere la ley. Pero además no se expresa en términos del PIB.

Al respecto, el director del Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Octavio Figueroa, manifestó que el documento “es una demostración más de que el Gobierno no tiene argumentos para frenar esta manifestación ciudadana”.

 Entre otras organizaciones que desde hace años se han sumado al reclamo junto a la ADP están Acción Por la Educación (Educa),  Centro Poveda, Foro Ciudadano, Foro Socio educativo, Participación Ciudadana, Facultad Latinoamericana  Ciencias Sociales (Flacso).

 PRD invirtió más.  De acuerdo a estadísticas de ejecución presupuestaria 1970-2009 del Banco Central,  fue entre  2000-2004 que el porcentaje de inversión en Educación alcanzó un 2.70% del PIB, la cifra más alta registrada en los 13 años de   vigencia de la Ley 66-97.

    En 2004, sin embargo, la asignación de Educación con relación al PIB cayó de 2.19% a 1.40%, manteniéndose  entre 1.68, 1.67, 1.87, 1.86 en los años siguientes y en 1.92”, para el año 2009. Es decir, que el presupuesto de la cartera educativa no ha llegado a 2% del PIB en cerca de una década.

Al observar las estadísticas de los últimos 40 años, se observa que fue durante el Gobierno de Joaquín Balaguer cuando se dedicó la más alta inversión a la cartera educativa, con una asignación de 2.72% del PIB en el año 1970.

La clave

 Instancia judicial

El Tribunal Superior Administrativo fijó para el próximo jueves, 9 de diciembre, el recurso de Amparo sometido por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y más de 1,200 ciudadanos en busca de que se  cumpla la Constitución y el artículo 197 de la Ley General de Educación, que ordena que la cartera educativa no reciba un presupuesto menor a ese monto.

Coalición por la  Educación Digna

El reclamo de que se cumpla la entrega de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación adquirió más fuerza a mediados de este año cuando una decena de organizaciones de la sociedad civil se unieron en torno a la demanda. Es por eso que desde hace varias semanas agotan un amplio programa de actividades frente al Congreso Nacional y puntos estratégicos de la Capital. Algunas de las organizaciones son: La Revuelta, Toi Jarto, Juventud Caribe, Centro Bonó, Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH), Centro Juan XXIII, Copadeba, Federación de Asociaciones Industriales (FAI) y otras.