Las reclusas de la cárcel pública de Higüey atraviesan por el dilema de tener que pagar el transporte para acudir a las audiencias en los tribunales de San Pedro de Macorís y de La Romana, debido a que el penal no cuenta con vehículos para este servicio.

La reclusa debe disponer de tres mil pesos para contratar el vehículo que la habrá de transportar al tribunal con los agentes de la seguridad encargados de su custodia.

La interna Sandra Vilorio  es una de las presas que ha tenido que pagar 3,000 pesos para presentarse al tribunal.

La joven, que está condenada por droga, tuvo que agenciarse el dinero para ir a la audiencia en que el tribunal colegiado la condenó.

Pero el pasado 26 de junio perdió la audiencia en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, porque no logró reunir los 3,000 pesos para el vehículo que la transportaría.

Con gran pesar, la mujer que es madre soltera de tres hijos y huérfana de padre y madre, contó que corre el riesgo de no acudir a las audiencias de apelación por falta de dinero para el transporte.

Desde que la cambiaron de la cárcel de La Romana el 27 de septiembre de 2011, confronta dificultad con la mala calidad de los servicios en la prisión de Higüey.

En el recinto de Higüey hay más de cien reclusas. El penal estaba reservado para albergar hombres, los cuales fueron distribuidos en otras prisiones. Ahora solo hay mujeres,, como Sandra, quien fue condenada a 30 años el pasado 21 de febrero.

El dilema en la cárcel de Higüey tiene diversos componentes, que incluyen la ausencia de transporte, las pésimas condiciones de higiene del lugar y la falta de abanicos para soportar el intenso calor. La última información que le llegó a las internas es de que  será construida otra prisión. La prioridad es el transporte.