Un rasgo común entre los países que han logrado desarrollo es el respeto estricto de la continuidad del Estado. Quienes se suceden en el poder en naciones con esa filosofía jamás intentan torcer los ejes que determinan la solidez institucional y la búsqueda del desarrollo humano. La convicción de que el respeto de la continuidad del Estado y sus reglas es el motor del progreso es característica sobresaliente  entre los líderes de los pueblos que han escalado el éxito económico y social.

Los criterios anteriores vienen a colación a propósito de la convicción expresada por la embajadora de la Unión Europea en nuestro país,  Irene Horejs, de que el desarrollo de la República Dominicana está condicionado a que el Estado mantenga la continuidad porque la  administración de un país requiere estabilidad, que cada  funcionario conozca bien su trabajo, que las leyes se apliquen y que la labor de cada uno sea técnica y no política.

A muchos de los  políticos nuestros que han desempeñado funciones de Estado les ha resultado muy difícil actuar bajo el principio de que el Estado es una unidad continua. Muchos han supeditado el desempeño de la función a las conveniencias políticas coyunturales. Al país le vendría bien que todos los que aspiran al poder acojan esta sabia y oportuna recomendación de la embajadora de la Unión Europea.

Paralización al margen de la ley

El ministro de Trabajo, el abogado Francisco Domínguez Brito, ha definido como ilegal el paro nacional de transporte de carga convocado por la Federación Nacional de Transporte Dominicano.

El funcionario, que fue senador, fiscal del Distrito Nacional y también Procurador General de la República, afirma que Fenatrado no califica como sindicato porque no representa los intereses de trabajadores del transporte de carga, sino de empresarios del ramo.

Todo lo anterior se añade al hecho de que la organización tiene secuestrado el derecho de la industria y el comercio, de valerse de sus propios medios de transporte de carga.

Fenatrado debería considerar estos elementos y desistir de la medida de fuerza. Insistimos en que hay medios legales para cobrar las deudas sin perjudicar a quienes no son deudores.