MIAMI, Florida.- En la «Decimoctava Conferencia Internacional para Gerentes Financieros Gubernamentales» se llegó a la conclusión que, desde el punto de vista institucional, la corrupción pública surge «cuando los funcionarios tienen amplia discrecionalidad, poca responsabilidad e incentivos perversos».

Se llegó a la conclusión también de que mientras más actividades controlan los funcionarios públicos, más oportunidades tienen para incurrir en corrupción, y que mientras menor es la posibilidad de que éste fenómeno se descubra, habrá mayores probabilidades de que vaya a existir este mal en los países.

Se planteó también que la corrupción de los funcionarios públicos puede socavar el lanzamiento de los países por el camino del desarrollo. En la citada conferencia, bajo el tema «El Mejoramiento de la Seguridad, el Aumento de la Transparencia y el Fortalecimiento de la Responsabilidad», celebrada en Miami del 19 al 23 del presente mes, se produjo una serie de disertaciones de representantes de organismos internacionales, funcionarios públicos y privados de diferentes países de América, Asia y Africa, se puso énfasis en que la corrupción no es un problema nuevo y que puede encontrase hasta en las oficinas de los organismos internacionales.

Steven Zimmermam, jefe de la Oficina de Integridad Institucional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dijo que en el marco de la corrupción el valor de los sobornos «es algo abrumador». Según él, la corrupción es un mal muy grande y constituye uno de los obstáculos mayores para el desarrollo de los países.

A su vez, el vice administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID), Fred Schieck, al pronunciar un discurso, recomendó tres pasos vitales para atacar la corrupción pública.

Esos pasos son, dijo, reducir el papel del gobierno en las actividades económicas, reforzar la transparencia, supervisión y las sanciones, así como «volver a diseñar el empleo público para eliminar los incentivos e incrementar el profesionalismo de los empleados públicos».

Abogó porque en los planes de privatización se ponga énfasis en medidas de transparencia y un marco legal que desaliente los sobornos. Favoreció que se promuevan las políticas de compras del sector público competitivas, así como la competencia para prestar servicios públicos. Sostuvo que un elemento clave como medida anticorrupción son las medidas que tomen los países para modernizar y profesionalizar los sistemas de gestión financieras.

Representantes del BID y de la AID expresaron su disposición de apoyar a los países en vía de desarrollo en la implementación de planes efectivos anticorrupción, conjuntamente con los gobiernos, la sociedad civil y los organismos internacionales.

[b]República Dominicana[/b]

De la República Dominicana viajó a Miami, a participar en la conferencia, un grupo de profesionales que trabaja en programas tendentes a combatir la corrupción y hacer eficiente la administración pública. La participación de ese grupo de dominicanos fue auspiciada por la AID.

Entre los participantes de República Dominicana estuvo Paula Henríquez, de Justicia y Gobernabilidad, entidad que trabajó también en la organización del viaje, conjuntamente con la AID. También Luis Soto, analista financiero de la AID; Jesús Féliz Jiménez, director de la Oficina de Prevención de la Corrupción; María Felisa Gutiérrez, ejecutiva del Banco Central; Francisco Ramírez Montilla, de Auditoría; Estenio Montás Collado, presidente del Instituto de Contadores Públicos y Luis Vásquez, de la Contraloría General de la República, y quien escribe.

De la República Dominicana, independiente del grupo citado, participaron en la conferencia, llevada a cabo en el hotel Radisson Mart Plaza, de Miami, Miledys Urbáez, directora financiera de la secretaría de Turismo y Maritza Camacho Sosa, directora de auditoría interna de la Corporación Dominicana de Electricidad.

Durante la actividad, representantes de varios países expusieron sobre proyectos de desarrollo que implementan con el propósito de mejorar sus sistemas integrados de administración pública. En ese sentido, Miguel García Gosálvez, gerente de tecnología de información del proyecto de Rendición de Cuentas Anticorrupción en las Américas, presentó datos relativos a un módulo de asistencia técnica que se aplica, con auspicio de la AID, en El Salvador, Colombia y México. Explicó que se trata de un programa de Auto Evaluación de Control (AEC), que es una manera «de tomarle el pulso a una organización, reconociendo información sobre la salud de la institución y evaluando los riesgos que se puedan interponer en la consecución de sus objetivos».

Al respecto, informó que desde hace más de diez años se realizan secciones de AEC en entidades públicas y privadas en los países desarrollados. Ahora el reto es determinar si «lo mismo se aplicaría en los países en vía de desarrollo, en los cuales los recursos humanos y financieros son escasos y el tiempo y el talento de los gerentes están mucho más exigidos y la cultura de las organizaciones tiende a ser más jerárquica».

Durante los últimos tres años se han celebrado sesiones de AEC en América Latina, en países e instituciones muy diferentes y la experiencia que ha obtenido dicho programa tiene el mismo potencial de éxito en las naciones en vías de desarrollo que en las desarrolladas, sostuvo García Gosálvez.

La AID, a su vez, dejó claro en la onferencia, a través de la disertación de su vice administrador, Fred Schieck, que la corrupción ahora no es un tema prohibido, sino que está en la agenda de los que hacen política multinacional, nacional y local, así como de los ciudadanos y que está siendo enfrentada abiertamente por las empresas, la sociedad civil, las universidades y los organismos internacionales.

Consideró que luchar contra la corrupción es un componente clave para los países en vías de desarrollo y que es alentador que ya se estén llevando a cabo reformas anticorrupción.

Sostuvo que en esta era de globalización, el comercio se ha vuelto un elemento clave para lanzar a los países en el camino del desarrollo, pero «este puede ser socavado por la corrupción de los funcionarios públicos».