JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ROJAS
La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), desde el inicio del Diálogo Ampliado coordinado por monseñor Agripino Núñez Collado y en presencia del Secretario de Estado de la Presidencia, licenciado Danilo Medina, el presidente del Senado, doctor Andrés Bautista y legisladores voceros de los diferentes partidos políticos en el Congreso, emitió su voluntad de negociar directamente con las autoridades gubernamentales la posición del sector agropecuario con respecto a la reforma tributaria. Por eso, ha sido malinterpretada el  posicionamiento de la JAD en el sentido de tener un enfrentamiento con los acuerdos que han consensuado los diferentes sectores empresariales en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y su presidente, la licenciada Elena Villeya de Paliza.

Nuestro sector agropecuario y forestal está en franca desventaja con respecto a otros sectores empresariales que se han pronunciado por la ampliación generalizada de la base del ITBIS, incluyendo la denominada canasta básica o familiar.  Los empresarios e industriales pueden fácilmente traspasar al consumidor cualquier incremento en el costo de producción, mientras que los del sector agrícola no pueden en ningún momento traspasar dicho costo a la planta, último eslabón de la cadena. Por eso, consideramos, que en una actividad tan riesgosa como la de la agropecuaria (sequía, inundaciones, ciclones, plagas, enfermedades, etc.), en donde no existe un seguro y casi nadie nos auxilia cuando acontece uno de estos fenómenos. El establecer cualquier impuesto tiene un resultado contraproducente y podría ser la diferencia entre ser competitivo o fracasar y por supuesto abandonar el campo y emigrar a la ciudad.

La semana pasada, en la JAD tuvimos el placer de recibir a los representantes del Gobierno Dominicano, en las personas del ingeniero Temístocles Montás, Secretario Técnico de la Presidencia, el licenciado Miguel Cocco, Director General de Aduanas y su asistente el licenciado Herrera y el Director General de Impuestos Internos, licenciado Juan Hernández.  En franca camaradería, los funcionarios gubernamentales nos explicaron las proposiciones y los alcances de la reforma tributaria con respecto al sector agropecuario. Se nos proponía, la ampliación de la base del Itebis a ciertos productos agropecuarios, especialmente aquellos que tenían un componente industrial, caso del café, el cacao y la azúcar procesados. De igual modo, las habichuelas, los guandules ylos aceites enlatados.

Los diferentes sub-sectores participantes, miembros del Consejo de Directores, rebatieron estas proposiciones por considerar que el hecho de enlatar un bien producido en la República Dominicana no constituía un bien sujeto a un impuesto, ya que su similar, que vendría de uno de los países signatarios del RD-CAFTA entraría libres de impuestos, lo que sería una desventaja para el producto dominicano. Por tanto, sostuvimos que deberían quedar fuera del cobro del ITEBIS para mantener la competitividad con los demás países.

A los miembros de la delegación gubernamental le expusimos, que dado el espíritu de institucionalidad que priva en la JAD, sería convocada para la próxima semana una asamblea general extraordinaria con la participación de las principales asociaciones, cooperativas y líderes del sector, para darle una respuesta a esos planteamientos.

El miércoles pasado (18-8-05) se reunieron en el salón de conferencias de la JAD alrededor de ochenta y cinco líderes del sector agropecuario y forestal. Después de haber sido explicado la posición del Gobierno, así como la del Conep para hacer comparaciones, se procedió a votar si el sector agropecuario aceptaría la proposición gubernamental de ampliar la base del Itebis a ciertos productos del agro manufacturados y el sufragio fue unánime en que el sector debía refrendar su posición de mantener la Tasa Cero para los insumos, productos y maquinarias dedicadas a la producción agropecuaria.  Sin embargo, debemos acotar que la JAD va a invitar de nuevo a los funcionarios gubernamentales antes mencionados, para llegar a un acuerdo definitivo.  Por supuesto, lo primordial será buscar la fórmula que le permita el Estado Dominicano recuperar el dinero que dejará de percibir por concepto de la reforma tributaria y también como se compensaría al sector agropecuario para poder competir cuando entre en vigor el RD-CAFTA.

De buena fuente hemos sabido, que los congresistas no ratificarán el Convenio si no se establecen claramente las medidas compensatorias a los productores agropecuarios.  Ellos están conscientes, que el voto rural equivale alrededor del 38% y en consecuencia, aquellos que quieren repetir  en el Congreso deberán hilar fino y  como se dice popularmente “ponerse donde el capitán los vea”.