El país está sometido a una epidemia de dengue que ha provocado ya muchas muertes.

Los hospitales públicos y privados están abarrotados de enfermos del mal.

Algo ha llamado mucho la atención en el combate del dengue en los hospitales públicos, hospitales regidos por el gobierno.

Es la forma en que los médicos se han fajado a luchar, a veces a manos peladas, como se dice en béisbol, para socorrer a los enfermos.

Esto es algo que merece el reconocimiento de la sociedad, pues si bien es cierto que los médicos cumplen con su deber, que para eso se les paga, no lo es menos que ante una emergencia tratan de dar hasta más allá de sus propios recursos.

A la labor de esos médicos se debe en gran medida, que la epidemia que se sufre no haya arrojado peores resultados.

Por eso, se entiende como una verdadera locura que mientras esos médicos se fajan a trabajar de sol a sol, desde organizaciones profesionales de la medicina se levanten voces agoreras con amenazas de huelgas, de paros, como mecanismos de presión para que el Congreso Nacional vuelva sobre el caso de la penalización criminal del aborto.

El tema para este editorial no es el aborto ni cosa parecida.

Es que hablar de huelga médica, de paro médico, en medio de una epidemia es una verdadera inmoralidad.

Y no es la forma de corresponder al trabajo que realizan médicos en los centros del país, médicos que ofrecen pruebas de su respeto por la vida de los demás.

Advertidos

Empresarios del transporte de pasajeros y de carga, condenados en el sonado caso del denominado Plan Renove, han anunciado un paro de doce horas mañana lunes.

Esos empresarios, algunos de los cuales han recurrido a un lenguaje puramente terroristas al lanzar rayos y centellas por una condena que es recurrible en casación, prefieren la acción directa a invocar los mecanismos contemplados en las leyes.

Pero no solo eso.

También indican que deben hacer los tribunales al conocer el caso, aún cuando sea cierto que los mecanismos judiciales deban moverse en dirección de gente que, a lo mejor, es pasible de ser procesada y no lo ha sido.

Nada, sin embargo, justifica el lenguaje apocalíptico de gente que, al parecer, no mide la consecuencia de sus palabras y que con sus bravuconadas considera que atemoriza a todo el mundo por igual.

Cabe suponer que las autoridades del Estado están advertidas de lo que puede ocurrir el lunes.

Si los choferes paralizan sus labores, si lo hacen los patrones camioneros, allá ellos, esa es su responsabilidad.

Pero lo que las autoridades no pueden tolerar, bajo circunstancia alguna es que el denominado paro trastorne la vida de quienes nada tienen que ver con esos asuntos.

¿O es verdad que los huelguistas consideran, por la lenidad oficial, que han adquirido el derecho de normar la vida de los dominicanos?