RIO DE JANEIRO .— Cuando se votó a favor del juicio político de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff y de su suspensión el mes pasado, su destitución permanente parecía casi segura.

El ardoroso argumento de Rousseff de que era víctima de un golpe de Estado moderno cayó en oídos sordos en Brasilia, mientras las mayorías de ambas cámaras de Congreso votaban para enseñarle el camino a la puerta. Pero es probable que el gobierno del presidente interino Michel Temer haga más para persuadir a los senadores de reconsiderar su postura sobre Rousseff de lo que ella pudo mientras estaba en el puesto.

Tras una serie de dañinas grabaciones filtradas, la abrupta salida de dos ministros, las acusaciones de corrupción contra otros funcionarios interinos y las desconcertantes decisiones de Temer, como integrar su gabinete con hombres blancos exclusivamente, algunos senadores reconsideran su voto final en la cuestión. “Esto es muy serio”, dijo el senador de la oposición Cristovam Buarque a The Associated Press en relación al aluvión de escándalos que agitan al gobierno de Temer.

“Tenemos que ser incluso más cautelosos con la decisión que tomemos sobre el juicio político de Dilma. Mucho puede suceder antes de que esto termine”. Buarque votó a favor de procesar a Rousseff, pero dijo que ahora está indeciso en cuanto a su destitución permanente.

El destino de Rousseff será determinado por un juicio en el Senado, el cual podría iniciar en julio. Para destituirla de forma permanente, se requiere una mayoría de 54 de los 81 senadores. Si ello ocurre, Temer cumplirá con el resto del mandato, el cual concluye en 2018.

El senador Acir Gurgacz, quien también votó por el impeachment, es otro de al menos media decena de senadores que públicamente han dicho que están reconsiderando su voto final desde que Temer, el vicepresidente de Rousseff convertido en su némesis, ocupó el puesto el 12 de mayo.

“La crisis en el gobierno de Temer influirá en mi opinión y en la de la mayoría”, dijo Gurgacz al periódico Folha de S. Paulo, y agregó que de continuar los tropiezos “el marcador podría voltearse”. No se necesitan muchos senadores para inclinar la balanza.

El voto para el juicio político y suspensión de Rousseff fue de 55 contra 22, sólo uno más que el mínimo necesario para su destitución permanente. Rousseff está acusada de utilizar técnicas contables engañosas para administrar el presupuesto federal y esconder grandes déficits. Ella niega haber hecho mal. En lugar de eso, ella y sus partidarios afirman que el verdadero motivo de su suspensión era detener la investigación sobre sobornos multimillonarios en Petrobras, la compañía petrolera estatal.

En los últimos dos años, decenas de empresarios y políticos importantes han sido arrestados, juzgados y encarcelados por su participación en dicha red de corrupción. Aunque Rousseff ha pagado por ello políticamente —muchos de los crímenes sucedieron durante los 13 años que estuvo en el poder su Partido de los Trabajadores—, en repetidas ocasiones se negó a intervenir en un proceso que afirmaba era muy necesario para Brasil.

Las grabaciones de audio filtradas, que comenzaron a surgir semanas después de que Temer ocupara el poder, han reforzado los argumentos de que el proceso de juicio político contra Rousseff tenía más que ver con Petrobras que con la violación de leyes fiscales.

En una de las grabaciones, el ministro de Planeación de Temer, Romero Juca, propuso un “pacto” entre políticos de todos los partidos, la prensa y el Supremo Tribunal Federal, para destituir a la mandataria de filiación izquierdista y “detener el sangrado” de las pesquisas de Petrobras.

Tras las filtraciones, Juca anunció de forma abrupta que tomaría licencia. Días después, el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, renunció luego de que surgiera una grabación en la cual se le escucha asesorando a políticos investigados en la pesquisa.

Las grabaciones secretas también captaron al presidente del Senado y expresidente José Sarney en una lluvia de ideas para debilitar la investigación. Es probable que las grabaciones fueran hechas por Sergio Machado, un exsenador y exdirector de otra compañía petrolera estatal, Transpetro.

Machado, quien era investigado por el escándalo Petrobras, llegó a un acuerdo con los fiscales. Resulta evidente que Temer está a la defensiva. La semana pasada, se sintió obligado a prometer “por enésima vez” que no se obstaculizaría la investigación a Petrobras.

El lunes, llamó a una conferencia de prensa para negar acusaciones de que dos más en su gobierno, el ministro de Turismo y la secretaria de la Mujer, serían despedidos por acusaciones de corrupción.

Incluso antes de las filtraciones, se ha cuestionado el juicio de Temer. Su decisión de designar sólo hombres blancos al gabinete fue condenada por grupos en todo el país. También fue muy criticado por otras medidas, como fusionar el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación.

Una oleada de protestas en el país llevaron a que Temer diera marcha atrás y reinstaurara el Ministerio de Cultura. Rafael de Paula Aguiar Araujo, un politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, restó importancia a las insinuaciones de que algunos senadores reconsideraban su voto final sobre el destino de Rousseff. “Estos comentarios son para tantear si pueden recibir concesiones”, dijo Araujo, quien cree que al final el Senado no reinstaurará a Rousseff.